JEP solicitó que la Dijin no entre a las entrevistas de alias Otoniel

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el auto AI-014 de 2022, en el que solicita medidas cautelares para proteger la vida y la información que pueda proporcionar Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, exlíder del grupo armado organizado Clan del Golfo.

En primer lugar, el tribunal de paz pidió a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que investiguen si hubo amenazas contra la vida y la integridad de Úsuga desde el momento de su captura.

La segunda medida pide a algunos magistrados auxiliares y jefes de sala de audiencia —también conocidos como profesionales grado 33— que entrevisten al señor Úsuga en un plazo no mayor a 30 días, para saber si ha sido blanco de amenazas contra su vida o coacción para no declarar.

No obstante, la medida cautelar más controversial le pide a la Dijin “que se abstenga de realizar actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o ajeno al convocado en las providencias en las salas de audiencia”.

En cristiano, la JEP pide que todo agente de la fuerza pública permanezca en la puerta o afuera de las audiencias en las que tenga que participar el señor Úsuga.

La decisión se tomó a propósito de una audiencia ante ese tribunal que tendría lugar el pasado 10 de marzo, pero fue cancelada porque los policías que escoltaban a alias Otoniel se negaron a salir de la sala mientras él rendía su declaración, según ellos, por motivos de seguridad nacional. Estos agentes usaban trajes especiales, pasamontañas y estaban fuerte armados.

Allí también llegaron otros oficiales de la Fuerza Pública que tampoco quisieron abandonar el recinto, pese a la necesidad de guardar los testimonios de Úsuga con confidencialidad y al riesgo que para él, como testigo, implican algunas de sus posibles declaraciones.

La audiencia se dedicaría a las ejecuciones extrajudiciales del Casanare entre 2005 y 2008, así como de la responsabilidad que en ellas tendrían los militares de la Decimosexta Brigada del Ejército de Colombia.

Según se conoció, tras la suspensión la JEP le dio 48 horas a la Dijín para que explique la presencia de los uniformados, ya que estarían violando sus derechos a la dignidad, defensa, debido proceso y a la confidencialidad.

En la sala había cuatro custodios armados, tres oficiales, dos mayores y un teniente coronel. Además de la queja de la jurisdicción, la Procuraduría, la defensa de Otoniel y los abogados de las víctimas que estuvieron en la audiencia, se unieron a la petición para que los uniformados se retiraran del recinto.

La diligencia estaba prevista originalmente para el pasado martes 8 de marzo, pero de acuerdo con la información que obtuvo la emisora Blu Radio, Úsuga tuvo que asistir a unos exámenes médicos por algunos quebrantos de salud que padece, por lo que su comparecencia ante el tribunal de paz fue aplazada para el jueves, cuando sucedió lo ya narrado.

La citación fue realizada por la Sala de Reconocimiento de la Verdad atendiendo una petición de las víctimas reconocidas dentro del caso 03 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Ahora la diligencia tendrá que volver a posponerse hasta nueva fecha.

Los representantes legales de Otoniel indicaron que no es la primera vez que oficiales interfieren con el normal desarrollo de las audiencias. Es de anotar que el pasado 17 de febrero, mientras realizaba una audiencia con la Comisión de la Verdad se habría presentado una interrupción violenta por parte de la fuerza pública. La situación fue denunciada por Legal Services S.A.S, equipo de defensa del sindicado, que asegura que desde que empezó el proceso jurídico han percibido la hostilidad de los militares.

Alias Otoniel se encuentra detenido bajo fuertes medidas de seguridad en el centro de la Dijin y tiene en su contra cinco condenas relacionadas con homicidio en persona protegida, desaparición forzada, reclutamiento ilícito de menores y desaparición forzada. En la misma tarde del jueves 10 de marzo, la Corte Suprema de Justicia envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) información sobre la extradición de Otoniel, requerido en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

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