![El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado; los delegados, y los directores nacionales y seccionales estarán en las regiones recibiendo de primera mano las denuncias de la ciudadanía.](https://www.infobae.com/new-resizer/_8owzcRidl6qSw0O3CJqikN_Hbw=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/PGHQNG55HVGJZMLWFCDW5UTLP4.jpg 420w)
La Fiscalía General de la Nación en cabeza de Francisco Barbosa, instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que el ente investigador y la Policía Nacional, de manera conjunta, harán un monitoreo y seguimiento detallado de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este domingo 13 de marzo. “Esto permitirá conocer y actuar con rapidez ante cualquier alteración al orden público o hecho que atente contra el derecho al voto”, aseguró el fiscal general.
Según Barbosa esta instalación, “hace parte de la hoja de ruta para actuar contra la corrupción electoral y las conductas delictivas que pongan en riesgo la voluntad y certamen democrático”. Con esta medida, la Fiscalía pretende estar activa en todo el territorio nacional para garantizar el desarrollo normal de las elecciones.
El mando del PMU será asumido por un módulo investigativo del CTI de la Fiscalía y de la DIJIN de la Policía Nacional. Durante toda la jornada electoral, el puesto recibirá reportes de todas la regiones, estará en funcionamiento hasta finalizar la noche del domingo y será alimentado con la información de los grupos de policía judicial de las dos entidades.
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El pasado jueves 10 de marzo, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en su quinto informe sobre violencia y dinámica electoral señaló que, “en Colombia, la violencia electoral está atada no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Tradicionalmente, la violencia es un mecanismo más de competencia electoral en el país”.
La persona que cometa algún tipo de conducta ilegal durante el fin de semana electoral, podrá enfrentar cárcel de cuatro a nueve años, además de una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La norma establece que la pena podrá oscilar entre seis y 12 años si la conducta se ejerce por medio de la violencia.
La operación del PMU en los distintos municipios y departamentos, estará orientado por los delegados, directores nacionales y seccionales del ente investigador que saldrán a la calles a recibir de primera mano las denuncias ciudadanas. Estos también asumirán los actos de verificación, análisis y actuación respecto a las conductas que sean puestas en conocimiento.
En su comunicado el fiscal general señaló, “los delitos electores serán priorizados y asignados a fiscales especializados. Asimismo, se llevará un registro de las capturas en flagrancia y se seguirá el proceso de judicialización para obtener medidas efectivas”, afirmó.
La Fiscalía General de la Nación, advirtió que en las elecciones legislativas y presidenciales de 2018 abrió 1.273 procesos de violencia electoral. Mientras que en las elecciones de alcaldes, gobernadores y concejales de 2019 se reportaron 2.358. Adicionalmente, durante 2020 y 2021 también se reportaron algunos casos: 115 y 101, respectivamente, según cifras de la entidad.
Según reveló Pares, los riegos de hechos de violencia se incrementan a medida que se acercan las jornadas electorales, destaca como hechos especialmente graves los ataques dirigidos hacia candidatos de las curules de paz, así como el atentado del que fue víctima el periodista Julián Martínez el 23 de febrero, y el asesinato de un activista del Centro Democrático, en Convención, Norte de Santander, el 4 de marzo.
Ante esta situación, el ente investigador precisó que la Unidad Especial de Investigación adelantará los procesos relacionados con amenazas y homicidios de integrantes del partido político Comunes o integrantes de la circunscripción de paz.
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