Según datos de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia (MinJusticia), entre el 7 de agosto de 2018 y el 28 de febrero de 2022, el Gobierno del presidente Iván Duque ha extraditado 660 presidiarios. Se indicó que los procesos se han logrado entre gobiernos de diferentes partes del mundo y los procesados no son solo colombianos, sino también personas de otras nacionalidades.
“De acuerdo con la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, en lo que va corrido del gobierno del presidente Iván Duque Márquez (corte al 28 de febrero de 2022) se han registrado 660 extradiciones, 323 de ellas durante la gestión del ministro Wilson Ruiz Orejuela (48,9%)”, confirmó MinJusticia este 10 de marzo.
Las autoridades detallan que en los últimos cinco meses del 2018 lograron concretar 102 extradiciones. En todo 2019, 163; en 2020, 135; y en 2021; 239. Así mismo, en lo que va corrido de 2022 van 21 extraditados. MinJusticia asegura que el 81,6 % de las personas que han sido enviadas en extradición (539) fueron requeridas por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
De los 660 ciudadanos extraditados durante este gobierno, el 86,3 % (570 presidiarios) son colombianos. En la lista siguen personas de otras partes del continente entre los que se encuentran 15 ecuatorianos, 10 mexicanos, ocho venezolanos, ocho guatemaltecos, siete dominicanos, seis brasileños, cinco panameños, tres hondureños, tres estadounidenses, dos bolivianos, un costarricense, un mexicano-canadiense, un brasileño-colombiano, un paraguayo y un peruano.
También se logró extraditar a siete españoles, dos británicos, dos franceses, dos personas de Países Bajos, un armenio, un austríaco, un noruego, un rumano y un turco.
En su reporte, MinJusticia también indicó que en la lista de países que más extradiciones han solicitado y se han hecho efectivas está Estados Unidos de primero. 498 personas capturadas en Colombia han terminado en el país norteamericano, lo que representa un 75,4 % de los extraditados.
Cabe recordar que justo en estos momentos Colombia y Estados Unidos están en conversaciones para finiquitar la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo líder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. El hombre fue capturado el pasado 23 de octubre e inmediatamente fue solicitado por Estados Unidos.
Las autoridades norteamericanas aseguran que alias Otoniel tendrá que responder en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Entre los múltiples cargos que afronta, el Distrito Este de Nueva York lo acusa de “estar involucrado en una conspiración internacional de fabricación y distribución de cocaína”. Así mismo, estaría relacionado con 31 incidentes separados de distribución internacional de cocaína ejecutados entre 2003 y 2012.
Las acciones forman parte del seguimiento que Washington ha hecho al tráfico de opioides sintéticos que, por un lado, afectan la salud de los norteamericanos y, por el otro, generan un impacto negativo en la economía local.
Se espera que el proceso de extradición se complete pronto porque información de inteligencia daría cuenta de que existen planes para que el criminal escape. Así las cosas, la Embajada de Estados Unidos en Colombia aseguró: “Nos preocupan, profundamente, los informes sobre los planes de fuga del peligroso capo de la droga Otoniel y las denuncias por robo de equipos para entrevistas de la Comisión de la Verdad”.
Siguiendo con la lista de países que más solicitan extraditados a Colombia, siguen España, con 74 (11,2 %), Argentina con 23 (3,4 %), Brasil con 17 (2,5 %) y Ecuador con 14 (2,1 %). Así mismo, en este gobierno República Dominicana ha solicitado a siete personas, México a cinco, Perú y Guatemala a cuatro, y Países Bajos a tres. Con una solicitud figuran Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Francia, Italia, Panamá, Suiza y Noruega.
El Gobierno colombiano asegura que seguirá cooperando con los países que lo soliciten porque este es un “instrumento judicial internacional que permite que la persona reclamada sea juzgada o cumpla la condena que le ha sido impuesta en el país que la requiere”. Así mismo, sostiene que con su aplicación se busca combatir la criminalidad y evitar la impunidad.
SEGUIR LEYENDO: