Corte Constitucional deja en firme las 16 curules de paz por decisión unánime

El alto tribunal advirtió que las curules son para las víctimas reales del conflicto armado interno y no solo para las certificadas por la Unidad de Víctimas

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Foto: Álvaro Tavera, Colprensa.
Foto: Álvaro Tavera, Colprensa.

En las últimas horas la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 que creó las 16 curules de paz en el Congreso para los periodos 2022-2026 y 2026-2030

La decisión de la corte se registró después de revisar a fondo el contenido vía ‘fast track’ de esta ley, que en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz otorga a las víctimas del conflicto armado interno un puesto en el Congreso.

Para llegar a ella la Sala Plena, con ocho votos a favor y cero en contra, tomó la decisión que mantiene vivas las circunscripciones de paz, con aclaraciones de voto de las magistradas Gloria Stella Ortiz, Paola Andrea Meneses y del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y los magistrados Alejandro Linares, Diana Fajardo y José Fernando Reyes se reservaron la posibilidad de aclarar su voto.

Por su parte, el magistrado Antonio José Lizarazo se declaró impedido para participar del debate, ya que fue asesor externo del Gobierno en la mesa de negociaciones del punto dos del acuerdo sobre participación política.

La corte también advirtió que las curules son para las víctimas reales del conflicto armado interno y no solo para las certificadas por la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas.

Finalmente, la Sala Plena concluyó que, “la facultad de reglamentación que se confirió al Gobierno no sustituye la Constitución en el eje axial de separación funcional y equilibrio de las ramas y órganos del poder público”.

Vale recordar que las curules de paz se habían votado y hundido en 2017 en el Congreso, sin embargo, la misma Corte Constitucional las revivió gracias a un fallo de tutela y le ordenó al presidente Iván Duque promulgar ese acto legislativo, que pasó a ser examinado sobre sus contenidos por el alto tribunal.

Renuncian candidatos a curules de paz por falta de garantías

El pasado 9 de marzo, a cuatro días de estas votaciones y tras diez días de estar encadenados en la sede la Registraduría de Valledupar, 17 candidatos de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz N° 12, que integra los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, decidieron abandonar su aspiración a una curul porque consideran que no tienen suficientes garantías de seguridad.

Los candidatos además afirmaron que no hubo financiación estatal durante el proceso electoral a pesar de que les prometieron los recursos para realizar sus campañas. Según los candidatos, se había acordado con el Consejo Nacional Electoral (CNE) la entrega de $34 millones de pesos para que cada aspirante pudiera desarrollar su campaña en los territorios, pero a una semana de las elecciones aún no han recibido estos recursos.

Según conoció Blu Radio, la renuncia colectiva se hará oficial en la mañana del jueves 10 de marzo, por medio de un comunicado. Por el momento, los candidatos solo se han referido de forma escueta ante esta situación, “nuestras candidaturas terminaron siendo unos carritos de hot dog frente a los restaurantes Michelin de las candidaturas de los clanes políticos y del establecimiento”.

Pero a su vez y luego de desencadenarse, afirmaron que tampoco ha habido pedagogía para enseñarles a votar a las víctimas del conflicto por las curules de paz. “Estamos dispuestos a hacernos a un lado y no legitimar un proceso que a claras luces está diseñado para que lleguen los victimarios”.

Desde el 24 de febrero los candidatos de esta misma Circunscripción solicitaron a la Registraduría Nacional y al CNE el aplazamiento de estos comicios, pues aseguraban que, “existen candidaturas viciadas por conflictos de intereses, generados por vínculos de consanguinidad en primer grado con reconocidos victimarios y otras afinidades con el paramilitarismo protagonista del conflicto”.

En ese momento también habían señalado que otra de las afectaciones que sufrían era la falta de garantías en los esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, quienes según el vocero, “les exigen asumir con las obligaciones económicas en lo relacionado a alojamiento, transporte y alimentación de las personas que pertenecen a sus esquemas de seguridad”.

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