Corte Suprema admite tutela que busca evitar la extradición de Carlos Moreno Tuberquia, segundo del Clan del Golfo

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió, en la tarde del miércoles 9 de marzo, una acción de tutela presentada por lideres y lideresas de comunidades víctimas del conflicto armado de la región del Bajo Atrato chocoano contra la extradición de Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, segundo al mando del Clan del Golfo.

La historia de esta tutela inició el pasado 25 de noviembre cuando la misma sala de la Corte emitió un concepto de 69 páginas en el que aprobaba la solicitud presentada por el Gobierno de los Estado Unidos con relación a la extradición de alias Nicolás para que responda por del delito de narcotráfico ante la justicia de este país.

Después, el 13 de diciembre el presidente Iván Duque firmó la resolución de extradición. “Con su extradición ratificamos nuestra cooperación con países aliados en la lucha contra este flagelo, que ha cobrado miles de vidas en Colombia y el mundo”, manifestó en ese entonces, el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Alias Nicolás fue detenido el 5 de agosto de 2018 en un operativo articulado entre la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía General de la Nación en el municipio de San Rafael, departamento de Antioquia, tenía en su contra diez órdenes de captura por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento, financiación del terrorismo, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes.

Sumado a la decisión del Estado colombiano, W Radio informó el 23 de febrero la renuncia del segundo al mando del grupo criminal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya que según el medio de comunicación, Moreno Tuberquia indicó a los magistrados que su intención al someterse al Tribunal de Paz nunca ha ido usarlo para protegerse de la extradición, por tanto retiró la solicitud.

“Manifiesto mi intención de renunciar a la garantía constitucional de no extradición, en el caso de ser aceptada la competencia por parte de la jurisdicción, no es mi interés evadir la solicitud de extradición que versa en mi contra respecto al trámite que se surte en esta jurisdicción” se lee en el oficio.

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Por esas razones, el pasado 2 de marzo un grupo de líderes sociales interpuso la acción de tutela, que contó con el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, para no lo extradición de alias Nicolás, con el fin de que se protejan sus derechos a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición.

Para la organización, la extradición es un obstáculo para la víctimas en Colombia y un mecanismo de impunidad para los victimarios. “Si la justicia colombiana obra en derecho, responsables de crímenes sistemáticos y de lesa humanidad deben ser juzgados y sancionados en Colombia, antes que sean trasladados a terceros países en que se les juzga por tráfico de drogas. Allí entregarán información de algunas rutas, algún dinero, saldrán en libertad”, afirmaron las víctimas en su comunicado público.

Ante la decisión de renunciar a los beneficios de no extradición de la JEP, la Comisión Intereclesial dijo que, ”si bien es un derecho del procesado, es un mensaje errado frente a la capacidad del aparato de justicia colombiano de esclarecer y sancionar”. El compañero criminal de alias Otoniel es responsable de victimizaciones a comunidades negras, indígenas y campesinas desde los años 80, hasta el año de su caída.

Por último, las víctimas señalan que si finalmente alias Nicolás es enviado a los Estados Unidos, “las comunidades continuarán soportando la destrucción de sus proyectos de vida y seguirán siendo víctimas de una guerra que oculta tras de sí el interés de sectores poderosos que quieren hacerse a la tierra para la agroindustria y el extractivismo irracional”.

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