Entre los casos que llevaron al cierre de la Entidad Promotora de Salud (EPS) Medimás, este 9 de marzo se conoció que se encuentran dos procesos de responsabilidad fiscal avaluados en más de 385.000 millones de pesos. Los casos son investigados por la Contraloría General de la Nación, que informó que ha detectado fallas en la administración de fondos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y pagos irregulares de facturas y a beneficiarios.
“La Contraloría General de la República adelanta, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, dos procesos de responsabilidad fiscal por más de $385.000 millones contra la EPS Medimás. En un proceso se investigan irregularidades en el manejo de recursos que le giró la ADRES a esta EPS y en otro proceso se investiga el pago de servicios médicos a fallecidos y anticipos por legalizar”, informó el ente de control.
En cuanto al primer caso, la Contraloría indicó que en julio de 2020 abrió un proceso de responsabilidad fiscal a Medimás por cuantía de $150.844 millones de pesos por presuntas irregularidades en la administración de los recursos del SGSSS. Dentro de este caso también hay 158.000 millones entregados en anticipos por la EPS a Century Farma (hoy también en liquidación), y pago de servicios de salud de personas fallecidas. Igualmente, el pago de 2.981 millones por multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud.
En cuanto al segundo caso, este está relacionado a presuntas irregularidades en el manejo de 234.191 millones de pesos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados. En este proceso se investiga, además del pago irregular de facturas, los anticipos girados por la EPS a Estudios e Inversiones Médicas (Esimed S.A.), los cuales a la fecha no han sido legalizados.
La Contraloría aseguró que a la fecha, por estos dos casos en particular, han comparecido dos expresidentes de Medimás, exvicepresidentes financieros, jurídicos y tesoreros. Además, también se ha escuchado la versión de las empresas a las que se les giraron los anticipos.
Adicionalmente, en cuanto a la auditoría que se realizó sobre la vigencia 2020, también se produjeron dos hallazgos fiscales por 2.668 millones de pesos, ocho de carácter disciplinario, dos indagaciones preliminares y dos con otras incidencias.
“El mayor hallazgo fiscal fue de $2.578 millones, daño ocasionado con los gastos por concepto de honorarios relacionados con las asesorías jurídicas, financieras y gastos del Tribunal de Arbitramento, que fueron pagados de las cuentas bancarias de gastos administrativos cuando dichos pagos no tenían conexidad o relación de causalidad con los recursos del SGSSS”, detalló la Contraloría.
En cuanto a los hallazgos disciplinarios, estos se relacionan con embargos judiciales y cuentas por cobrar (casos de intereses moratorios), demora en los pagos de facturación e inconsistencias de los soportes, entre otros temas.
Cabe mencionar que la Contraloría también ha realizado auditorías a la EPS Medimás sobre las vigencias 2018 y 2019. En estas se establecieron 12 hallazgos fiscales por $635.655 millones y un hallazgo penal relacionado con pagos de servicios médicos por usuarios fallecidos. También se determinaron 33 hallazgos administrativos, 26 disciplinarios, 20 con otras incidencias y 5 hechos que dieron lugar a indagaciones preliminares.
Se indicó que el hallazgo penal fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación y los hallazgos disciplinarios a la Procuraduría. A su vez, los hallazgos fiscales fueron remitidos a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
“El hallazgo fiscal de mayor cuantía (por $221.766 millones) corresponde al pago de anticipos. Le siguió uno por $137.786 millones, que corresponde a contratación celebrada con Estudios e Inversiones Médicas -Esimed S.A”, detalló el órgano de control.
Los casos con otras incidencias fueron enviados al ADRES, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades.
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