Todo lo que sebe saber sobre los candidatos que aspiran a las curules de paz y que tienen cuestionamientos encima

Actualmente, y según la base de candidatos de la Registraduría, hay 401 candidatos que aspiran a quedarse con al menos una de las 16 curules de paz. Estos pertenecen a organizaciones sociales (199), colectivos de víctimas (76), consejos comunitarios (46), organizaciones campesinas y de mujeres (44 y 10 respectivamente) y grupos significativos de ciudadanos (2).

De todos estos candidatos, un total de 22 tienen algún tipo de cuestionamiento, teniendo en cuenta las inhabilidades estipuladas por la misma Registraduría en la resolución 10592 de septiembre de 2021.

¿Cuáles son esas inhabilidades?

1. Haber sido candidato con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica en los últimos cinco años.

2. Ser miembro de grupos armados al margen de la ley que hayan pactado un acuerdo de paz con el Gobierno nacional o se hayan desmovilizado de manera individual en los últimos veinte años.

3. Haber sido candidato bajo el aval de partidos o movimientos políticos cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los cinco años anteriores a la elección.

4. Haber hecho parte de las direcciones de movimientos o partidos políticos, con representación en el Congreso, con personería jurídica o cuya personería jurídica se haya perdido cinco años antes de la fecha de inscripción de la candidatura.

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Así las cosas, estas inhabilidades se pueden clasificar en cuatro grandes grupos que, de acuerdo con Paz y Reconciliación, tienen que ver con investigaciones judiciales, fiscales o disciplinarias; presuntos nexos con grupos armados (ilegales o no); involucramiento en presuntos casos de corrupción y apoyos de clanes políticos o casas políticas cuestionadas.

Casualmente, la mayor cantidad de candidatos cuestionados tienen la bendición de barones o baronesas electorales, así como de clanes políticos (11), mientras que cuatro están relacionados con alguna investigación fiscal o judicial; otros cuatro aspirantes estarían involucrados en casos de corrupción y dos de ellos habrían pertenecido a movimientos políticos. Solamente uno clasifica en la inhabilidad de haber sido candidato -elegido o no- por un partido con aval.

Los candidatos cuestionados

Antes de ir con el listado de aspirantes señalados, vale decir que la Circunscripción 12, con presencia incluida en el Cesar, tiene la mayor cantidad de cuestionados. Sobre esto, también hay que tener en cuenta que en este departamento domina el clan Gnecco, y adicionalmente, el poder ha sido alternado entre otras familias, como la Olave y Ochoa. Sumado a esto, las garantías electorales y de seguridad no son las adecuadas para una plena jornada de elecciones el 13 de marzo. Así las cosas, el listado de cuestionados lo encabeza James Hermenegildo Mosquera Torres.

Circunscripción 6: James Hermenegildo Mosquera Torres y Jazmir Blandón Palacios

De acuerdo con Pares, Mosquera cuenta con un proceso de peculado por apropiación, el cual se lleva a cabo en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Mocoa.

Mosquera Torres, mediante el contrato de prestación de servicios No. 200712003 del 8 de diciembre de 2007, se encargaba de la actividad de cobro y recaudo pre jurídico y jurídico de Selvasalud S.A. EPS, y a través de la ejecución de dicho convenio habría extraído sumas de dinero que suman un total de $1.078.000.000.

Por el lado de Blandón Palacios, que aspira por el Consejo Comunitario Pedeguita y Mansilla de Chocó, actualmente es investigado por la Fiscalía, por un presunto detrimento patrimonial en el suministro de más de 2.200 mercados para población vulnerable en el marco de la emergencia económica decretada por el covid-19. Todo esto mientras era secretario de gobierno de Riosucio, Chocó.

Circunscripción 7: Jorge Iván Duque Lenis

Fue alcalde de Mapiripán, Meta, entre 2011 y 2015, promovido por el partido de La U, y actualmente aspira a una curul de paz por la Corporación de Desplazados mi Consuelo Campesino.

En 2017 la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, por presuntas irregularidades que comprometerían $ 512.769.738. Adicionalmente, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 16 años en 2019 por un hallazgo de sobrecostos en la compra de una camioneta y 10 motocicletas, que ascendió a $ 476.427.324.

Circunscripción 8: Dairo José Bustillo Gómez y Ramiro Rafael Ortega Buelvas

Bustillo Gómez fue representante a la Cámara entre 2007 y 2010 por Convergencia Ciudadana. De acuerdo con Pares, se le cuestiona por sus nexos con Enilce López, alias la gata.

Mientras fue miembro del directorio del Partido Conservador, no ejecutó la orden del presidente del Partido, en ese entonces, Carlos Holguín Sardi, de retirar a Héctor Julio Alfonso López, hijo de La gata, para las elecciones del 2006, por lo cual Bustillo fue expulsado de esta colectividad.

Por su parte, Ortega Vuelvas habría hecho parte de una alianza conformada por varios candidatos al Concejo del Carmen de Bolívar y el exalcalde del municipio, Francisco Vega Arrauth, cuyo fin era conseguir un 40 % de participación en la administración municipal a cambio de conseguirle 2.500 votos.

Circunscripción 9: Néstor Segundo Hurtado Hurtado

Según La Silla Vacía, estaría siendo apoyado por el exsenador Juan Carlos Martínez, quien fue condenado en 2011 por parapolítica tras recibir dineros del cartel de Cali.

Circunscripción 10: Jairo Ernesto Cortés Quiñones

Según Paz y Reconciliación, estaría respaldado por las casas políticas que tradicionalmente han controlado en el departamento, como la casa política de los Escrucería, conocidos por tener vínculos con el narcotráfico y corrupción; incluso, ha sido acusado 497 veces por compra de votos.

Circunscripción 11: John Fredi Valencia Caicedo

Se le cuestiona por, presuntamente, recibir el apoyo del gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero, cuya administración ha sido señalada por clientelismo y corrupción. Además, este alberga un proceso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros, a raíz de un contrato para adquirir 10 ambulancias durante la contingencia por el covid-19.

Circunscripción 12: Adamilis María Ramos Valdés

En 2019 fue candidata al Concejo de Valledupar, apoyada por el partido Colombia Renaciente, consiguiendo 97 votos en esos comicios. De acuerdo con las inhabilidades estipuladas, Ramos estaría inhabilitada para estas elecciones al no superar los cinco años previos a la inscripción.

Elvia Cristina Jiménez García

El Partido Liberal, mediante la resolución 6092 de 2020, la declaró como miembro del directorio del municipio de Valledupar. Así las cosas, estaría inhabilitada para ser candidata.

Pedro Norberto Castro Araujo

Es heredero de la casa política cuestionada de los Castro, en el Cesar, fue concejal y alcalde de Valledupar, gobernador del Cesar, representante a la Cámara y senador Además, por María Teresa Castro esta familia tuvo unión con los Araújo, otra familia política tradicional del Cesar, entre ellos Álvaro Araújo Castro, condenado por parapolítica.

Marleny Esther Kammerer Teherán

Se vio envuelta como particular en el caso de un presunto ‘cartel del predial’ en Valledupar, el cual produjo que el exalcalde del municipio Augusto Ramírez Uhía fuera acusado de participar en delitos como “contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación agravado en favor de terceros y prevaricato por acción”, según Pares.

José Sebastián Ochoa de la Hoz

Es sobrino de Elías Guillermo Ochoa Daza, quien en 2006 fue condenado a seis años por incurrir en los delitos de celebración indebida de contratos con violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, concurso material homogéneo y sucesivo y por haber suscrito, mientras fue alcalde de Valledupar entre 1995 y 1997, ejecutando un total de 364 convenios con empresas privadas.

William Alfonso Romero Ovalle: estaría recibiendo el apoyo del clan Gnecco

Jorge Rodrigo Tovar Vélez

Es el hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, concretamente en el Bloque Norte, dirigiendo tropas de hasta cinco mil hombres. En 2006, ingresó al sistema de Justicia y Paz, pero fue expulsado en 2015 por no garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. En 2008 fue extraditado a Estados unidos y en 2020 fue deportado a Colombia.

Además, Tovar Vélez hace parte de un presunto conflicto de intereses con la Unidad de Víctimas del Cesar, ya que desde 2019 el contrato de arrendamiento de la sede de la Unidad de Víctimas fue adjudicado por 236 millones de pesos a Ana Carolina Vélez, exesposa de Jorge 40.

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