A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó el informe “Dolor, superación y gloria, historias silenciosas de una guerra no escuchada”, realizado por la Corporación Mil Víctimas, que reúne la versión de oficiales de la Policía y el Ejército Nacional que fueron víctimas del empleo sistemático de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados por parte de las antiguas Farc.
El documento fue presentado ante la Sala de Reconocimiento de la JEP y expone 41 casos puntuales de oficiales que cayeron en diferentes campos minados instalados por distintos frentes de las Farc, en el marco del conflicto armado en Colombia y después de la firma del Acuerdo Final de Paz.
Durante el evento de presentación del informe, que se realizó en Villavicencio (Meta), Rosa Yineth Valoyes, directora de la Corporación, afirmó: “revelamos que gran parte de estas afectaciones se da en el marco de las funciones propias del militar o del policía, bien sea en registros o control de área, erradicación o ataques directos al margen de la ley. Es una realidad que no puede ser invisibilizada”.
Según el informe, entre 2012 y 2020 se registraron 253 víctimas de la Policía por artefactos explosivos, mientras que en el Ejército la cifra fue de 1.873 personas y en la Armada de 294. Por su parte, la Unidad de Víctimas tiene un registro de más de 12.031 víctimas de minas antipersona en Colombia entre 1988 y 2012, causando un total de 2.119 colombianos asesinados por estas trampas.
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La directora Valoyes volvió a recalcar la necesidad de que la JEP abra un nuevo caso sobre las afectaciones contra la fuerza pública, y solicitó que los autores de estas victimizaciones por parte de las Farc sean sancionados. “Guardamos grandes expectativas de judicialización y sanción a los responsables, para que los derechos de este nicho poblacional sean reconocidos”, expresó.
La Corporación advirtió que, “la utilización de métodos y medios de guerra ilícitos y el abordaje que durante años se le ha dado al fenómeno, va en contravía de las garantías de las víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, situación que complejiza aún más sus circunstancias y conlleva incluso a la revictimización”, apunta un apartado del informe revelado por Semana.
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Barah Vargas fue víctima de una mina antipersona en 2000, mientras trabajaba el Policía de Santa Rosalía (Vichada), llevaba cuatro años en la institución, En una conversación con Blu Radio, reconoció lo complicado de superar un ataque de estas características.
“Realmente siente uno que la vida se derrumba, que todo lo que usted había pensado para su vida cambia drásticamente y el futuro es incierto, si usted con todos sus miembros a veces no tiene oportunidades, pero uno así en esa situación de discapacidad es muy complicado.”
En la actualidad Baruh es entrenador de deporte paralímpico y apoya a las personas en situación de discapacidad que quieren ser atletas, también le hizo un llamado a la JEP para abrir el macrocaso donde se investigue los crímenes cometidos contra la fuerza pública por parte de las FARC.
La Corporación Mil Víctimas, en su informe, expresó que estas acciones su perpetuaron de manera sistemática por la guerrilla de las Farc y reveló cifras del Comando General de las Fuerzas Militares que registraron, para 2021, 266 personas militares víctimas de artefactos explosivos improvisados, y la neutralización de 5.323 artefactos explosivos improvisados. Por su parte, datos del Ministerio de Defensa sostienen que de los 9,7 millones de víctimas que ha dejado el conflicto en Colombia, 403.352 son miembros de las Fuerzas Militares o de la Policía.
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