La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ordenó a la candidata al Congreso Piedad Córdoba repetir su testimonio ante el tribunal por el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. La decisión se dio después de que la JEP revisara la tutela radicada por los familiares del líder conservador y tumbara la declaración que hizo la exsenadora en 2021.
La familia Gómez argumentó en la tutela que no se les permitió la entrada en la audiencia en vivo y en directo, por lo que se le habrían vulnerado sus derechos al debido proceso el día de la diligencia, la cual se realizó en marzo de 2020. Con esto, la JEP ordenó en el fallo que la audiencia debe ser reprogramada y contar con la participación de las víctimas de manera presencial.
Uno de los argumentos que más peso tuvo en la determinación del tribunal especial fue la calidad de víctimas que tienen los integrantes de la familia del líder conservador. El magistrado Alejandro Ramelli fue quien expuso que debían primar los derechos de las víctimas ante la JEP; postura que apoyaron los juristas Raúl Eduardo Sánchez y Gustavo Salazar. En contra estuvieron María del Pilar Valencia y Reinere Jaramillo.
Cabe recordar que el testimonio de Piedad Córdoba resulta clave ante la JEP. Según el expediente del tribunal, la candidata tendría información de quiénes fueron los autores del homicidio de Gómez Hurtado. Al líder conservador lo asesinaron el 2 de noviembre de 1995 después de terminar de dar clases en la Universidad Sergio Arboleda.
De hecho, el senador Julián Gallo, conocido anteriormente como alias Carlos Lozada, excomandante de las Farc, rindió su versión ante la JEP en diciembre de 2020. El exguerrillero aseguró que la extinta guerrilla había ordenado la muerte de Álvaro Gómez Hurtado.
Cabe recordar que el pasado 14 de febrero la Corte Suprema de Justicia remitió la investigación que lleva por el crimen del líder conservador en contra de los congresistas Pablo Catatumbo y Julián Gallo ante la JEP. El alto tribunal consideró que en la justicia transicional tienen competencia privativa, preferente y prevalente en este caso.
En el proceso también se investigan los homicidios del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano, el exministro de Defensa Fernando Landazabal Reyes, el exrepresentante a la Cámara Pablo Emilio Guarín Vera y el exguerrillero José Fedor Rey.
La indagación se abrió en principio por las declaraciones de Gallo ante la JEP en las que reconoció la participación de las Farc en el asesinato de Gómez Hurtado. Sin embargo, la familia del líder no le da crédito a esta versión de los excombatientes y, por el contrario, considera que se trata de desviar la investigación. En la justicia ordinaria el caso lleva más de 20 años y fue declarado como un crimen de lesa humanidad en 2017 debido a que se maneja la hipótesis de que detrás del magnicidio estaría el gobierno de la época.
“Salir ahora con el cuento de las Farc es completamente extemporáneo. En el momento en que asesinaron a mi padre (esa guerrilla) no estaba jugando ningún papel y (tampoco se trató de) un acto revolucionario para, además, callarlo 25 años, pues esa mentira no se la pueden creer ni ellos mismos — aseveró Mauricio Gómez, hijo del líder conservador, ante la versión de los congresistas —. No cabe duda de que fue un ‘crimen de Estado’ y que personas que formaron parte del Gobierno”.
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