El hurto de celulares es un de los delitos más comunes en Bogotá y de los que menos impacto tiene con las medidas de seguridad. Ni siquiera los sistemas de bloqueo de los aparatos impide que los delincuentes logren desbloquearlos para ponerlos en funcionamiento y comerciarlos.
El concejal Óscar Ramírez Vahos y su equipo realizaron una investigación para exhibir cómo funciona el negocio para liberar celulares, es decir que les levantan el bloqueo, cortan los mecanismos de rastreo y los dejan funcionando. Un servicio que sirve al crimen para darle uso a dispositivos hurtados.
Durante todo el 2021, en Bogotá se robaron 56.563 celulares, según cifras de la Secretaría de Seguridad, solo en los que son reportados a las autoridades. Desde marzo hasta noviembre, el crimen presentó cifras superiores a las del 2020. La única localidad donde no hubo robos fue Sumapaz, que es rural.
En el mes de enero la situación se mantuvo. En la ciudad se reportaron 4.204 celulares robados dos menos que en el mismo periodo de 2021. Chapinero presentó un incremento del 50 % y Usaquén cerca del 24 %. También presentaron aumento Fontibón, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Suba, entre otras.
Los habitantes de la capital saben que muchos de esos dispositivos llegan a algunos locales comerciales de la avenida Caracas con calle 13, donde se ubica un comercio informal de celulares y accesorios tecnológicos, tanto formales como informales que confluyen con los llamados reducidores.
En ese lugar se desarrolló una investigación del equipo del concejal Ramírez Vahos, que con cámaras ocultas y otros dispositivos, mostraron cómo funciona la mafia que hackea los celulares para puedan comercializarse después de un hurto.
En el video hecho, una persona anónima pregunta a un comerciante que se ubica sobre el andén cómo puede liberar un celular. Él le dice que sí se puede hacer y lo contacta con hackers con los que puede negociar para realizar el proceso.
Allí lo contactan con otra persona, también en la calle, que le ofrece liberarlo y activarle nuevamente el almacenamiento iCloud de un teléfono iPhone 12. “Las dos te valen 90.000 pesos, bajito de cuerda porque están molestando muchísimo los policías”, le dice y agrega: “Liberación y cuenta iCloud te lo dejo abierto para que le metas tu cuenta y tu simcard”.
El delincuente le dice que no importa que hayan reportado el teléfono celular como robado, e incluso le ofrece el servicio de registro con una factura falsa de una plataforma para que quede habilitado en todas las operadoras.
Uno de los miembros de la red de hackeo le dice al infiltrado que es un proceso “delicado”. Le cuenta que el día anterior estaban haciendo la misma liberación con otro iPhone y llegó la Policía para capturarlos. “Hasta cascado se fue”, afirmó.
Aún así, pese al asedio de las autoridades, le dijo que sí podía hacerlo, además, eliminando el chip de rastreo del teléfono que permite al usuario ubicar el teléfono en la última ubicación registrada. “Sí se le puede hacer, pero le vale, le sale por 120.000″, le dice.
También negocian con celulares en la calle, de manera sigilosa para que las autoridades no los vean. Uno de ellos le ofreció al investigador un iPhone 12 Pro por menos de un tercio del precio comercial de un teléfono de esa referencia nuevo. Y aunque aseguran que no son delincuentes, trabajan con cautela de la Policía.
“Utilizamos un dron para ver la magnitud de este negocio ilegal en el centro de Bogotá y es increíble ver cómo la delincuencia prácticamente se adueñó del espacio público donde además comercializan al día cientos de celulares manchados de sangre”, señaló Ramírez Vahos.
El equipo del concejal sostuvo que evidenció cómo algunos clientes son amenazados por supuestos ‘paramilitares’ que los someten a revisiones para que no estén grabando el funcionamiento de las múltiples mafias que operan en el sector.
“Este tipo de actos delictivos inciden en la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos. Desde que se creó la Secretaría Distrital de Seguridad año tras año ha incrementado la cifra, solo el 4 % de los bogotanos se sienten seguros y el 88 % inseguros”, indicó el concejal.
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