Corte Suprema de Justicia niega tutela de Richard Aguilar

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela que había radicado la defensa del exgoberandor de Santander Richard Aguilar Villa. El también excongresista buscaba devolver a la fase inicial el proceso en su contra por corrupción entre 2014 y 2015.

La tutela fue presentada a través de su abogado Iván Cancino, quien cuestionó la decisión de la Sala de Primera Instancia de equiparar una diligencia de indagatoria ante la Corte, a la audiencia de imputación de cargos ante otro juez.

A pesar de ese recurso, la Sala Civil concluyó que no hubo irregularidades a la hora de tomar esa decisión. “Contrario a lo aducido por la solicitante, la autoridad judicial accionada sí analizó las circunstancias especiales en que se desarrolló la actuación que llevó a los funcionarios acusados a asimilar la diligencia de indagatoria con la audiencia de formulación de imputación”, señaló la Corte.

La Sala también indicó que en la decisión “se pretendió salvaguardar las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa del actor lo que conlleva la impertinencia de la súplica, quien veladamente busca renovar una actuación ya consumada”.

En ese sentido, el alto tribunal llamó la atención al excongresista y a su defensa afirmando que, “resulta notorio la aspiración del gestor de anteponer su propio criterio para atacar la actuación”. Esto teniendo en cuenta que no es la primera vez que Cancino busca retrotraer el proceso que se lleva en contra de Aguilar. De hecho, la Corte Suprema de Justicia le había negado anteriormente una petición de nulidad para tumbar el proceso.

El caso de corrupción de Richard Aguilar

El pasado 8 de febrero la Fiscalía General de la Nación decidió acusar formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al exgobernador. En el escrito de acusación, la entidad investigadora afirmó que Aguilar “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”. Con esto, los delitos por los que es investigado son interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado.

La Fiscalía encontró irregularidades en los contratos para el reforzamiento estructural del estadio de fútbol y del coliseo Vicente Diaz Romero (Bucaramanga); el mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético de Santander y la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En este proceso también están vinculados Julián Libardo Jaramillo Díaz, quien en ese entonces era jefe de proyectos de la Secretaría de Infraestructura departamental, Claudia Janeth Toledo Bermúdez, quien se desempeñaba como secretaria de Infraestructura, y su esposo Lenin Pardo. También se habla de supuestos direccionamientos de contratos en los que se investiga al excongresista Edwin Ballesteros.

Según el ente acusador, todos ellos “llegaron a un acuerdo criminal para sacar dinero y direccionar la contratación”. Las irregularidades con la adjudicación serían de más de 500.000 millones de pesos en contratos.

Después de esta acusación oficial, los testigos del caso, Lenin Pardo y Claudia Toledo, que en su momento realizaron funciones en el marco de la gubernatura de Aguilar en Santander, denunciaron una serie de amenazas en su contra. Toledo afirmó que recibió cartas y citaciones a un funeral que, según la misiva, sería el de ella. “De sapos está lleno el cementerio, siquiera asistir al funeral de Alejandro y Sara sigue abriendo la boca”, se leía en el papel que recibió la exfuncionaria.

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