Billones de pesos de bienes de la mafia están represados en procesos de extinción de dominio

Recurrentemente la Fiscalía General de la Nación reporta ocupaciones con fines de extinción de dominio de bienes de la mafia, algunos avaluados en miles de millones de pesos y otros sin mayor atractivo que su propiedad. Esos inmuebles deberían convertirse en recursos para el Estado, pero el lento proceso de enajenación ha impedido que se acaudale una suma nada despreciable de billones.

De acuerdo una investigación del diario El Tiempo, en el 2021 la Fiscalía logró afectar 7.261 bienes que ascendían al valor de 8,3 billones de pesos. Pero la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que es la encargada de administrarlos, solo extinguió el dominio de extinción de 636 bienes por 488.875 millones de pesos.

La extinción de dominio es el mecanismo mediante el que el Estado, por vía judicial, puede declarar la pérdida del derecho de propiedad de los recursos de origen o destinación ilícita. Por lo tanto, la Fiscalía puede ocuparlos, pero es un juez el que debe emitir la sentencia sobre el bien para que se puedan monetizar.

Es allí donde el desempeño de la SAE tiene números rojos. El Tiempo conoció que más del 84% de los bienes pendientes de monetización que entregó la sociedad en 2021 no han culminado el proceso; de 31.374 solo 4.800 fueron extinguidos.

En el listado se encuentran propiedades inmuebles, como vehículos, joyas, piezas de arte e incluso moneda. Para el Observatorio de Lavado de Activos de la Universidad del Rosario, lograr extinguir esos bienes es una labor importante en la lucha contra el crimen organizado porque permite detener el flujo de recursos ilícitos en la sociedad.

El dinero que se desprende de esos bienes, que pueden ser vendidos o arrendados, según dispone la ley, deben ser un 25 % para la Fiscalía General de la Nación, otro 25 % para la Rama Judicial y el 50 % para el Gobierno nacional que dispone su disposición, entre las que se encuentra la reparación para las víctimas.

El diario junto con el Observatorio estableció que un proceso puede durar hasta 10 años para la extinción de dominio. La SAE también aseguró que muchos de los bienes que obtienen está ocupados ilegalmente o los compradores no consideran pagar el avalúo, como lo establece la ley.

Justamente sobre ese punto, el Gobierno nacional intentó modificar las condiciones a través de un artículo en el Presupuesto General de la Nación el año pasado, pero fue rechazado en la Cámara de Representantes porque habría la posibilidad a que la SAE estableciera el valor sin ningún mecanismo. Una situación que habría la puerta a la corrupción que llevó a acabar hace más de una década la Dirección Nacional de Estupefacientes cuando políticos, funcionarios y testaferros se aprovecharon de los bienes que la justicia le arrebataba a la mafia.

Este fin de semana, la Fiscalía firmó un memorando de cooperación con el embajador de Estados Unidos en Colombia Philip S. Goldberg, quien señaló que se trataba del “proyecto es el más ambicioso en temas de lavado de activos en la historia de la colaboración bilateral”.

El acuerdo se propone incrementar las acciones y efectividad para combatir las redes de lavado, pero también fortalecer la extinción de dominio con la conformación y capacitación de un equipo permanente de investigación y juzgamiento.

La Fiscalía informó que durante los últimos dos años ha realizado imputaciones por el delito de lavado de activos y otras conductas asociadas, por hechos que comprometen 12 billones de pesos (3 billones de dólares); mientras que se han impuesto medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes, acciones y productos financieros que ascienden a 22 billones de pesos (6 billones de dólares).

Por ejemplo, en enero se informó que se ocupó con fines de extinción de dominio 17 predios urbanos, 3 establecimientos de comercio, 7 sociedades, 2 vehículos, 31 cuentas bancarias y un grupo de acciones. Todos quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. Propiedades de alias Memo Fantasma, avaluadas en más de 35.500 millones de pesos.

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