Compulsan copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador Mario Castaño por una red de corrupción

Según la Fiscalía, desde la oficina del senador se direccionaban millonarios contratos con la finalidad de apropiarse de recursos públicos de varios departamentos del país

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Los hechos vendrían ocurriendo desde 2018. Según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.
Los hechos vendrían ocurriendo desde 2018. Según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.

A la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llegó un compulsa de copias contra el senador Mario Castaño, para que se investigue su participación en una red de corrupción, que direccionaba contratos con la finalidad de apropiarse recursos públicos de Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, empresarios y particulares frecuentaban al congresista para ser beneficiados con contratos. En la reuniones, presuntamente, se ajustaban los pliegos contractuales y las condiciones exigidas en licitaciones de obras públicas en estos departamentos, para que quedaran en manos de las oferentes que el senador del Partido Liberal indicaba. Se direccionaban contratos a cambio del 10 % del valor total de cada uno.

El ente investigador manifestó que en total han sido capturadas nueve personas vinculadas a esta red como resultado de un año de investigaciones por parte de fiscales de la dirección Especializada contra la Corrupción y miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y se les imputará los delitos de concierto de delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato.

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Semana accedió al expediente de la Fiscalía y evidenció que los investigadores interceptaron las llamadas telefónicas de Castaño y sus presuntos cómplices, donde se evidencia un interés indebido por todo tipo contratación con entidades locales, regionales y nacionales. Los hechos vendrían ocurriendo desde 2018. Según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.

Según el medio de comunicación, de la red formaban parte presuntamente, integrantes de su equipo de trabajo, lobistas y contratistas en diferentes departamentos. Por lo menos 70 personas en total estarían involucradas en esta organización criminal. El congresista se habría beneficiado de 100 millones de pesos por el proyecto ‘Sacúdete’, un programa del Gobierno nacional que consiste en la construcción de obras cuyo valor oscila entre 1.400 y 3.000 millones de pesos.

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Por los señalamientos en su contra, el congresista le dijo a El Tiempo, “yo he sido una persona respetuosa de la justicia, he afrontado en calidad de aforado todas las investigaciones, no he renunciado al Congreso para evitar la justicia; las personas capturadas tendrán la posibilidad de defenderse”.

Dentro de la investigación se encuentran audios que involucrarían al senador Castaño en el desvío de dinero. En una de esas conversaciones habla con un tal Juan. “Me puse a estudiar eso de los CDA y ya sé como es esa vuelta, esa vuelta hay que montarla, acreditarla, porque las resoluciones cambiaron. Hablé con Yuber y me dijo ‘doctor, se le van entre 700 y mil millones de pesos desde cero’ “, señala la persona identificada como Juan .

El congresista le responde: “Pero Juan, tenemos los dos más importantes del Cauca, qué más quiere usted. Usted es un marica, usted se va para allá a pensar solo en votos, hay que pensar en el billete, uno tiene que ser empresario antes que político.”

La Fiscalía también afirmó que entre las redes de corrupción se ve el abuso de poder de algunos funcionarios del Estado conforme a las funciones para la selección de celebración de contratos. En las próximas horas estas nueve personas serán llevadas ante un juez de garantías para que este realice la legalización de captura en su contra e impute los cargos.

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