Gobierno Duque responde por informe de la ONU que alerta de niveles de violencia que no se registraban desde 2014

Este jueves 3 de marzo la representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Riveros, presentó el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante 2021, evidenciando cifras de violencia y violaciones de derechos humanos que no se registraban desde hace ocho años.

En el informe de la ONU, que da muestra del recrudecimiento de la violencia en el país, se documentan 78 masacres verificadas en el territorio nacional con 292 víctimas; el desplazamiento forzado de 72.388 personas, 12.848 de las cuales eran menores de edad; 100 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos asesinados; y el asesinato de 54 excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FARC,

Sin embargo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales se pronunció frente al documento de ONU que le recomienda al Estado, “atender urgentemente la situación en los territorios más afectados por la violencia para proteger a la población civil y los liderazgos comunales y sociales (...) y redoblar los esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz con el fin de combatir las desigualdades”, señalando que el Gobierno trabaja des del primer día para “salvaguardar y proteger los derechos de los colombianos”.

“Es necesario precisar que el gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con garantizar la seguridad a todas las personas que viven en territorio nacional y las condiciones necesarias para el pleno goce de sus derechos y el ejercicio de sus libertades. ‘Los causantes de violar los derechos humanos de los colombianos son los grupos criminales, que luchan por el control de economías ilícitas, ellos son los que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos en algunas regiones del territorio nacional’”, señaló el consejero, Jefferson Mena.

A su vez, indicó que el Gobierno nacional tiene el propósito fundamental desmantelar las organizaciones criminales que actualmente han incrementado su presencia en varias regiones del país a través de la política pública de seguridad y defensa, así como la de seguridad y convivencia ciudadana, al tiempo que se adoptan diferentes herramientas en política criminal, sin embargo, la ONU sugiere que para este fin se concentren los esfuerzos en la sociedad civil con la participación de mujeres.

De igual manera, señaló que para el gobierno de Iván Duque, los asesinatos de líderes y lideresas y defensores de derechos humanos “no son una estadística”, razón por la cual no se conforman con la “mera reducción de los mismos”, y aseguró que esta grave situación se viene presentando desde 2010, sin embargo, según datos del Instituto para el desarrollo y la paz (Indepaz) entre 2018, año que asumió la presidencia Iván Duque y 2021, han sido asesinados 911 líderes y defensores.

“Es pertinente reiterar que, los desplazamientos en Colombia, se presentan por la presencia de grupos armados al margen de la ley que generan terror por su actuar criminal en la comunidades. Este terror es generado por la lucha de estos grupos que se disputan el territorio para el manejo de economías ilícitas. Si bien es cierto este flagelo se sigue presentando desafortunadamente en nuestro país, las cifras están lejos de ser las que se reportaban en periodos anteriores”, indicó la consejería.

Asimismo, le salió al paso a las cifras de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerza pública que advirtió la representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Riveros, que dan cuenta de 44 casos de “privaciones arbitrarias de la vida” en las que se observó la presunta responsabilidad de la fuerza pública, 29 de los cuales ocurrieron durante las protestas contra el gobierno durante el año pasado.

En ese sentido, argumentó que frente a los hechos de violencia y vulneración de los derechos de la población “hizo empleo legítimo de las competencias institucionales para proteger los derechos”, y señaló que sobre los hechos de presunto abuso policial se están adelantando investigaciones disciplinarias y penales y por esta razón “no comparte que se presenten conclusiones sobre dichos hechos hasta tanto se adelanten los procesos”.

“El Gobierno nacional es respetuoso de la labor que adelanta la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y es importante que la ciudadanía conozca que en las paginas web de la ONU también se encuentran los comentarios y observaciones que presentó el Gobierno frente a los aspectos específicos del informe y que permiten contextualizar varios de las temáticas presentadas en el Informe”, concluyó la consejería.

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