Desde el pasado miércoles 2 de marzo está circulando un comunicado a la opinión pública firmado por las Autodefensas Civiles de Colombia (ACC). Un grupo conformado por padres de familia, comerciantes y personas de la sociedad civil de Bucaramanga que pretende, “proteger a la población colombiana de los abusos que migrantes venezolanos han venido cometiendo contra el pueblo”.
La creación de este grupo de autodefensas xenófobo, según se afirma en su comunicado, se debe al reciente asesinato de Nickol Valentina Rodríguez, el pasado 24 de febrero. Ese día, Pedro José Trujillo atacó a la estudiante de 15 años en las escaleras del túnel del intercambiador vial del Mesón de los Búcaros en el norte de Bucaramanga y le propinó tres heridas de arma blanca que acabaron con su vida.
Cuatro días después de los hechos, el hombre de nacionalidad venezolana fue capturado y confesó ante un juez segundo de control de garantías haber cometido el crimen por robarle el celular a la menor de edad. Por su parte, padres de familia y estudiantes se manifestaron para rechazar la violencia en la ciudad y para exigir seguridad ante los hurtos y atracos.
El documento está firmado por alias Martín Camilo, dirigente de la ACC y en este se afirman tres acciones claras que pretenden realizar contra venezolanas residentes en Colombia. También afirman: ”el Estado colombiano, la Policía Nacional y la Rama Judicial, junto a otros aparatos del Gobierno, han sido negligentes e inoperantes para brindar protección y hacer justicia”.
El primer objetivo militar señalado por las ACC son los familiares de Pedro José Trujillo, capturado en la capital de Santander antes de escapar hacia Cúcuta. La Policía Nacional lo identificó por retratos hablados de testigos de los hechos y por las fotos que circulaban en redes sociales. No obstante, fue el hermano de Trujillo quien dio aviso a las autoridades de que él fue el autor material de los hechos que acabaron con la vida de la menor.
“El sujeto le propició heridas con arma banca en el tórax y cuello, las cuales acabaron con su vida. Además, dejó a la víctima abandonada y emprendió la huida del lugar”, indicó el juez a cargo del caso. Según las investigaciones, esta no sería la primera vez que el acusado cometía un robo a menores en este sector de la ciudad, que no tiene cámaras de seguridad ni vigilancia.
El segundo objetivo militar señalado por el grupo de autodefensas es la población migrante que esté “delinquiendo en el territorio nacional, especialmente en Santander, Norte de Santander y Arauca”. Cifras de Migración Colombia señalan que en Santander, hasta diciembre de 2021, permanecían 113.208 personas de nacionalidad venezolana.
En Norte de Santander la cifra de migrantes llegó a 206.415, según el reporte de la misma entidad. Arauca se encuentra en el puesto 11 de los departamentos con mayor número de migrantes. Se estima que son casi 45.000 personas, número que representa el 2,5 % a nivel nacional.
Por último, el tercer objetivo militar son los jueces y fiscales porque supuestamente, “ellos son quienes en sus manos y proceder no condenan ejemplarmente a los migrantes venezolanos capturados.”
Después de oír el relato de Pedro José Trujillo, el juez decidió imponer medida de aseguramiento y detención preventiva en centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial, según se indicó. El detenido deberá responder por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.
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