Exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, logró permiso para salir de la cárcel por 72 horas

Los abogados del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, lograron, tras varias veces de intentarlo, que se le otorgara un permiso de 72 horas (tres días) para salir de la guarnición militar, en el norte de Bogotá, en la que se encuentra recluido mientras paga una condena de nueve años por parapolítica. El entonces funcionario de la política del país fue sentenciado en 2013 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de que se comprobara que había firmado una alianza con grupos paramilitares para que estos apoyaran su candidatura a la Gobernación de Santander.

Aguilar Naranjo fue recapturado en el año 2019 cuando se evidenció que no había dicho la verdad ni había cumplido el compromiso que había adquirido para reparar a las víctimas. En su momento, comentó que no tenía la capacidad económica para remunerar a las personas afectadas por sus acciones delictivas, sin embargo, fue fotografiado manejando, en Bucaramanga, un lujoso carro Porsche, avaluado en 360 millones de pesos.

Aguilar Naranjo, además, tiene una investigación en contra por delitos relacionados al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito, supuestamente, habría usado cuentas bancarias pertenecientes a personas de su núcleo familiar para comprar vehículos, apartamentos y otros lujos.

El pasado mes de febrero se conoció la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de negarle la calidad de víctimas a Socorro Carreño Miranda y Mónica María Barrera Carreño, suegra y esposa del exgobernador, respectivamente. La JEP explicó que no las acreditaría como tal porque las dos carecen de cualquier vínculo con el conflicto armado.

“Aunque las solicitantes argumentaron que han sido afectadas por las decisiones de la justicia penal ordinaria en contra del exgobernador de Santander, en sus calidades de suegra y esposa de Aguilar, respectivamente, toda vez que son acusadas de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, para la JEP el conflicto armado no ha sido fuente directa o indirecta de ninguno de los procesos y los consecuentes padecimientos que han vivido”, destaca el tribunal en su fallo.

“Las circunstancias en las que a Carreño Miranda y Barrera Carreño se les han negado créditos bancarios o se les han cancelado negocios, además de las penurias de salud, económicas o emocionales que describieron a raíz de las investigaciones penales en su contra, son del todo ajenas al conflicto armado”, agregó la JEP.

En noviembre del año pasado, el juez 17 de ejecución de penas de Bogotá le negó la libertad condicional a Hugo Aguilar bajo el argumento de que aquel beneficio ya lo había perdido por su mal comportamiento, precisamente, al engañar a la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Reparación a Víctimas por su aparente falta de recursos.

“En conclusión, una vez dispuesta la revocatoria del subrogado la única posibilidad que prevé la ley para ese momento es la ejecución de la pena. Es posible que posteriormente el penado pueda acceder a otro mecanismo sustitutivo”, se leyó en la conclusión del juez sobre el estado de privativo del detenido. La justicia declaró que no podía olvidarse que el hombre había quebrantado la confianza de la judicatura, no solo al mentir, sino también al no cumplir los compromisos adquiridos.

“Entonces, para el entendimiento de este despacho, no se compadece con las finalidades del tratamiento penitenciario el hecho de insistir en una figura que precisamente perdió por su mal comportamiento (...)” añadió la decisión. Para ese entonces, a pesar de la negativa, se hizo la solicitud del permiso de 72 horas que ahora fue otorgado. Para tramitar esa decisión, el juez le solicitó información a la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, y a un juez Especializado de Bogotá.

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