La Fiscalía General de la Nación informó en la tarde del miércoles 2 de marzo que obtuvo nuevas evidencias que involucran al exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, en irregularidades en los procesos de contratación, que habría impulsado durante los periodos en que se desempeñó en el cargo entre 2012- 2015 y 2020 - 2021.
Es de anotar que Castillo Cisneros se encuentra privado de la libertad desde octubre del año pasado, por presuntamente haber incurrido en el delito de financiación del terrorismo, al entregar contratos a sujetos vinculados al frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Además, en la Procuraduría General de la Nación corre un pliego de cargos en su contra por irregularidades en otros contratos públicos.
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Según el Ministerio Público, Castillo Cisneros ordenó el pago del saldo final del contrato de construcción del coliseo José Eustacio Rivera, en el municipio de Saravena, sin que los trabajos se hubiesen ejecutado en su totalidad, durante su administración 2012-2015.
Las últimas pruebas aportadas por el ente investigador señalan que los contratos N°497 del 9 de octubre de 2013 y el contrato N°362 del 10 de octubre de 2013, que tenían como objeto la dotación de mobiliario para centros educativos del departamento, contienen cotizaciones falsas y sobre costos. En el primero, el sobrecosto alcanzó los 1.450 millones de pesos; mientras que en el segundo, superó los $619′000.000 millones.
La Fiscalía imputará al exgobernador cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento y requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia radicarán solicitudes de audiencias de imputación de cargos contra el acusado.
Las investigaciones oficiales señalan al procesado en por lo menos cuatro contratos irregulares. El contrato N°469 de diciembre de 2019 hacía parte del Plan de Alimentación Escolar y fue modificado el 23 de abril de 2020 en el marco de la pandemia por el covid -19.
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El entonces gobernador Castillo Cisneros modificó el tipo de ración de “preparada en sitio” por “preparada en casa”, para llegar a 18.036 beneficiarios, durante la cuarentena. Según la Fiscalía, este cambio estaba contemplado por la emergencia sanitaria, sin embargo la gobernación no sustentó los estudios de mercadeo que generó sobrecostos por $860′975.373 entre otras posibles anomalías, señaló el ente.
Por último, el fiscal Francisco Barbosa manifestó que el contrato N°198 de abril de 2020 fue entregado a una firma específica, luego de que la licitación pública “se realizara solo para cumplir con lo previsto en la ley”. Este documento fue firmado el 6 de abril y tenía como objeto la entrega de kits de ayuda alimentaria para suplir las necesidades ocasionadas por la pandemia por un monto total de $4.463′739.189. En este caso el exmandatario será imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos agravado.
Otro exgobernador de Arauca señalado por corrupción
Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca entre 2016 y 2020, fue capturado en Bogotá el pasado 21 de octubre y le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y financiación del terrorismo. Según la Fiscalía, durante los mandatos de Alvarado y Castillo Cisneros, la gobernación de Arauca permitió acuerdos financieros con el frente operativo del ELN en la región, con el objetivo de conseguir logística y protección durante los desplazamientos. A cambio, la guerrilla actuaría con libertad.
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