Defensoría alerta sobre el aumento en el riesgo de reclutamiento de menores en Norte de Santander

La entidad afirmó que han aumentado las amenazas de reclutamiento contra niños, niñas y adolescentes en cinco municipios, incluida la zona urbana y rural de Cúcuta

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La entidad alertó que han aumentado las amenazas de reclutamiento contra niños, niñas y adolescentes en cinco municipios, incluida   la zona urbana y rural de Cúcuta
La entidad alertó que han aumentado las amenazas de reclutamiento contra niños, niñas y adolescentes en cinco municipios, incluida la zona urbana y rural de Cúcuta

Este miércoles 2 de marzo la Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento de amenazas de reclutamiento forzado, uso y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales y bandas criminales en Cúcuta y cinco municipios de Norte de Santander.

Por tal razón, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado urgente a las autoridades en los municipios de El Zulia, Puerto Santander, Villa del Rosario y Tibú y la capital del departamento para que adopten las medidas necesarias con el fin de garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que habitan esta región fronteriza con Venezuela.

“Es necesario acelerar la construcción de planes de prevención temprana, y de protección, ante el inminente riesgo de reclutamiento, uso y utilización del que pueden ser víctimas las niñas, niños y adolescentes”, alertó el funcionario, quien aseguró que un equipo de la entidad se encuentra adelantando acciones para mitigar estos graves riesgos contra los derechos y la integridad de los menores en estas localidades al nororiente de Colombia.

Asimismo, señaló que aparte de insistir en la urgencia de redoblar los esfuerzos de prevención en las instituciones educativas de estos cinco municipios, pidió avanzar en la conformación de los Equipos de Acción Inmediata y la priorización de los recursos para garantizar el derecho al acceso y permanencia a la educación de los menores en este departamento que ha evidenciado el recrudecimiento de la violencia.

La Defensoría indicó que el Estado, según el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de adoptar todas las medidas posibles para impedir el reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto armado, al tiempo que la Constitución Política señala que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra este flagelo perpetrado por los diferentes actores armados, prevaleciendo sus derechos por sobre el resto.

De igual manera, la declaración de Escuelas Seguras indica que el derecho a la educación les proporciona estabilidad y espacios de apoyo, contribuye a protegerlos de las afectaciones del conflicto y ayuda a prevenir su reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC y el Clan del Golfo, dentro de las que mayor presencia tienen en este territorio.

“La educación es fundamental para el desarrollo y disfrute pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que el Estado debe garantizar que las instituciones educativas sean seguras y presten sus servicios de manera continua. La escuela es un entorno protector que previene el flagelo del reclutamiento forzado de esta población”, indicó el defensor Camargo.

Desde principios de este año y finales de 2021 habitantes de esta convulsionada región denunciaron el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente en zona rural de Cúcuta, quienes les hacían un llamado a las autoridades en el país para que, más allá que la presencia de las fuerzas armadas, se impulsara alternativas en educación.

Según el más reciente estudio de la Universidad del Rosario sobre este grave crimen, Norte de Santander se encuentra de los departamentos con mayor número de registros de reclutamiento forzado, documentando 37 casos entre 2017 y 2020.

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