INPEC abrió investigación contra el director de la cárcel La Picota

Este martes el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) anunció que ordenó abrir una investigación disciplinaria contra el coronel de la Policía, Wilmer Valencia, actual director de cárcel La Picota, por una denuncia que presuntamente estaría utilizando al exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, que desde su celda compra votos para su esposa, Luz Estella Quenza Becerra, representante a la Cámara.

Esta denuncia fue publicada por el medio la Nueva Prensa, quien reveló que, a cambio de la compra de votos, Facundo por orden del coronel, tiene autorizado el uso ilimitado de celulares y permiso para ingresar al personal que requiera durante las 24 horas del día, a pesar de que el reglamento penitenciario lo prohíbe.

Las dudas fueron suficientes para que la oficina de disciplina del Instituto Nacional Penitenciario adelantara una investigación con el objetivo de establecer la relación que existe entre el actual director de La Picota y el gobernador Castillo, además de los aparentes intereses políticos que enredan al oficial en este caso.

Además, el artículo denunció que en presencia del propio coronel Valencia, Castillo ha llamado telefónicamente desde su celda a funcionarios de la Gobernación de Arauca, concejales, alcaldes y líderes sociales y políticos, para que voten por la esposa del director.

Desde INPEC advirtieron que se tomaron todas las determinaciones del caso con el fin de establecer responsabilidades disciplinarias, por acción u omisión, del coronel Valencia y así conocer con certezas si estaría beneficiando al gobernador a cambio de favores políticos para su esposa.

Hace unos meses se reportó la fuga de dos detenidos de este centro penitenciario y allí mismo se abrió la investigación que involucra al coronel como director de la cárcel La Picota. Además de otras pesquisas que nivel disciplinario.

Facundo Castillo fue enviado a la cárcel el pasado 23 de noviembre por los delitos de concierto para delinquir; financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por sus presuntos vínculos con la guerrilla del ELN.

Durante períodos como gobernador (2012-2015 y 2020- a la fecha), habría pactado un acuerdo financiero, a través de contactos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz, para que continuaran con su actuar delincuencial, cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona, para lo que se reunió con alto mandos del ELN en Arauca y Venezuela.

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