Fueron puestos en libertad siete integrantes de la ‘primera línea’ de Boyacá

Por presuntos delitos cometidos durante los acontecimientos del anterior paro nacional, el juez segundo municipal de Paipa (Boyacá) envió a la cárcel a cinco presuntos integrantes de la primera línea de dicho departamento y dos más a prisión domiciliarias en noviembre de 2021.

Sin embargo, esta decisión fue revocada por el juez primero municipal del Circuito de Duitama, Álvaro Rincón Monroy, quien en las últimas horas ordenó la libertad de estos activistas al considerar que no existía suficiente carga probatoria en las evidencias recolectadas por las autoridades.

“Se trató de señalamientos genéricos, el bloqueo de vías en un solo carril es un acto legítimo en el ejercicio de la protesta, no existe material probatorio que los vincule con los hechos y las escuchas de las llamadas no definen que estas personas puedan ser responsables de los daños a los vehículos (...) Debe existir suficiencia probatoria para la privación de la libertad para evitar privaciones injustas que posteriormente puedan causar condenas por daño antijuridico al Estado y la Fiscalía”, se lee en el fallo establecido por el juez Rincón Monroy.

Los integrantes de la “primera línea” de Boyacá fueron capturados en noviembre por parte de las autoridades que les imputó cargos por concierto para delinquir, violencia en contra de servidor público, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, y tráfico de sustancias peligrosas.

En su momento, dichos jóvenes fueron señalados de participar en hechos como la incursión violenta a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Duitama; en el ataque a un carro de la Policía Nacional, donde salió herido un uniformado; y en el lanzamiento de elementos contundentes a un camión, que dejó al conductor con importantes lesiones.

Además, fueron reveladas unas grabaciones en las que presuntamente planeaban actos violentos contra miembros de la fuerza pública destacados en el departamento de Boyacá.

Ante la inminente liberación, el abogado de los imputados, Pedro Vacca Suárez consideró que el juez no consideró como delitos las actuaciones de los miembros de “primera línea” sino como actos legítimos en el marco de la protesta social.

“El pronunciamiento escuchado y que nos da la razón, significa que la protesta no es un delito sino un derecho en un estado democrático como Colombia y por tanto se ha levantado la medida de aseguramiento privativo de la libertad contra los siete jóvenes que participaron el paro nacional en las ciudades de Paipa y Duitama”, declaró el abogado Vacca Suárez ante los medios.

Policía capturó cuatro integrantes de la “primera línea” en Bogotá

El pasado 15 de febrero, los imputados fueron trasladados por la Policía a la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda, donde pasaron la noche para ser trasladados ante un juez con funciones de control de garantías para la legalización de la captura.

La Fiscalía imputó los cargos de concierto para delinquir y daño en bien ajeno, como también habría algunos implicados en presuntas agresiones contra funcionarios públicos, por los enfrentamientos con uniformados de la Policía.

Organizaciones y grupos de manifestantes como la llamada Articulación de Medios Alternativos han denunciado capturas de jóvenes desde el pasado 11 de febrero, hasta este 14, de personas que ejercieron su derecho a la protesta o fueron activos en medio del Paro Nacional. Aseguran que se trata de persecución.

Revelaron que uno de los capturados en Usme sería al parecer un joven conocido como Jalisco, quien negaron que fuera un delincuente por pertenecer a la Primera Línea y manifestarse. Estas organizaciones sostienen que las capturas son una persecución contra la protesta.

El pasado 12 de febrero, en Chicalá, localidad de Bosa, se presentó un enfrentamiento por cerca de 30 personas que pretendieron bloquear vías y realizar vandalismo. El ESMAD intervino y capturó a tres adultos, detuvo a dos menores de edad e incautó un vehículo con machetes y armas blancas.

De acuerdo con el diario El Espectador, desde el 28 de abril de 2021 cuando inició el Paro Nacional en Colombia, se han abierto 18 procesos judiciales contra 201 integrantes de la Primera Línea, de las cuales 176 han sido capturadas, pero hasta el momento no se han emitido condenas, aunque han sido acusados de múltiples delitos, algunos de gravedad como tortura y terrorismo.

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