Esto es lo que piensan los precandidatos a la Presidencia de Colombia sobre el Acuerdo de Escazú

Nueve precandidatos presidenciales se reunieron en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), para asistir al Debate Ambiental sobre política minero-energética y crisis ambiental en Colombia. Entre los temas principales que se trataron estuvo la inmediata ratificación del Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, es el primer pacto ambiental en la región. El principal objetivo de este radica en garantizar derechos a la información en la temática y participación pública en decisiones en las que el medio ambiente esté en juego.

“En relación con la violencia contra liderazgos y la democracia ambiental, los precandidatos coincidieron en señalar que ratificar el Acuerdo de Escazú significa dar un paso muy positivo para asegurar un desarrollo sostenible, basado en un enfoque de derechos humanos, de justicia social y de participación ciudadana”, precisó la información que proporcionó la UNAL sobre el debate.

Le puede interesar: “Dejen de hacerse esa maricada”: Estefania Borge confesó que en un procedimiento le aplicaron biopolímeros

“Se trata de una prioridad, ya que el Acuerdo permite proteger a los líderes ambientales asesinados y garantizar el acceso a la información”, indicó durante su intervención Juan Manuel Galán, precandidato del Nuevo Liberalismo.

A su vez, Arelis Uriana, precandidata presidencial de Movimiento MAIS, señaló que, “aunque el punto 7 numeral 15 garantiza derechos especiales para indígenas y locales, es esencial que aspectos como las consultas previas incluyan a todos los colombianos”.

Por su parte, Luis Gilberto Murillo manifestó que, “es una enorme contradicción que en un país megadiverso como Colombia se asesine a quienes defienden el ambiente y el territorio”. Y en ese sentido, aseguró que, “5 años después de creada, la Comisión de Garantías de Seguridad, definida en el Acuerdo Final de Paz, ni siquiera sesiona”.

“Globalmente, Colombia debe mandar el mensaje de que aquí se protege la vida de los líderes sociales, de los líderes ambientales”, agregó el precandidato.

Para Francia Márquez, “las consultas populares son una herramienta de defensa del territorio por parte de los ciudadanos en las regiones, que no pueden seguir estigmatizándose (...) los contratos de concesión minera incluyen cláusulas de seguridad jurídica para las empresas, y cuando la comunidad exige mediante tutelas, por ejemplo, las empresas demandan al Estado”.

Carlos Amaya también precisó que, “en las consultas previas la prioridad son las comunidades étnicas, pero también las campesinas, es esencial que las audiencias públicas tengan capacidad vinculante”.

“El asesinato de 170 líderes sociales, varios de ellos ambientales, entre 2021 y lo que va de 2022, evidencia que el país se ha convertido en un mar de violencia”, y advirtió que “aunque el Acuerdo de Escazú es una prioridad, para que Colombia forme parte del grupo de países que lo han ratificado (22 hasta el momento) tener las mayorías en el Congreso de la República es esencial”, fue lo expresado por Jorge Enrique Robledo.

El precandidato Sergio Fajardo dijo que, “vamos a apoyar, respetar y acompañar las consultas previas y las consultas populares. La licencia ambiental y social es una obligación. El Gobierno no puede atropellar a las comunidades sino acompañarlas, solo así será posible el desarrollo del país”.

Para Gustavo Petro, ser presidente en este momento implica asumir un liderazgo mundial, “si todos los presidentes pensaran que como su fracción de misiones es pequeña no se hace nada, la humanidad desaparece, y esta es una idea que hay revertir”.

“Hay que pensar en un liderazgo de Colombia como potencia mundial de la vida que es; el país gana en ese propósito de una economía descarbonizada, lo cual se traduciría en un empoderamiento popular o democracia ambiental”, agregó el líder de la Colombia Humana

A su turno, Camilo Romero expresó que, “en términos de justicia ambiental, lo que debería hacer el Estado es garantizar el derecho a la vida, este tiene la obligación de defender el territorio”.

SEGUIR LEYENDO: