Siete millones de colombianos viven bajo el control de grupos armados ilegales, según informe de la ONU

El conflicto armado en Colombia se ha venido intensificando, producto del fortalecimiento de los grupos como el Eln, el clan del Golfo y otros. La situación es crítica en algunas y diferentes entidades han denunciado las afectaciones sufridas por la comunidad durante acciones como el llamado paro armado, que han perjudicado a miles de familias que han tenido que enfrentar el desabastecimiento de bienes y recursos, desplazamiento, forzados, muerte y otras consecuencias del operar de los grupos al margen de la ley.

De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en un informe citado por el diario El Tiempo, durante el llamado paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional desde el 23 pasado de febrero, se registró el homicidio de un líder social, siete denuncias de comunidades confinadas por la violencia, 10 vehículos incinerados, 18 actos terroristas, 23 terminales de transporte suspendieron su operación y seis acciones de destrucción de infraestructura.

Sin embargo, esto es tan solo una pequeña parte del problema, pues según un informe de Naciones Unidas que se titula “Plan de respuesta Humanitaria Colombia” se advierte que hay más de 7 millones de colombianos que viven bajo la influencia o control de grupos armados ilegales.

“Las zonas identificadas con severidad extrema y crítica de afectaciones son la costa Pacífica colombiana que contempla principalmente zonas de alta dispersión geográfica y ruralidad de los departamentos de Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Así mismo, la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Córdoba y la Subregión del Catatumbo en Norte de Santander se identificaron como zonas prioritarias de respuesta humanitaria, siendo estas zonas de tránsito o corredores estratégicos utilizados por los grupos armados ilegales para el desarrollo de diferentes economías ilícitas”, se menciona.

Además, se advierte que el acceso a ayudas humanitarias ha disminuido de forma considerable, lo que ha hecho que el escenario en algunas regiones se empeore y se comiencen a activar las alertas de diferentes violaciones a los derechos humanos.

“Así mismo, las limitaciones de acceso humanitario debido al control territorial de estos grupos armados no estatales en la costa Pacífica han generado el aumento de emergencias del 113% en comparación al 2020 en impactos humanitarios con graves repercusiones, destacando que la región en 2021, concentró más del 62% de las emergencias a nivel nacional, y también se vieron afectadas en mayor medida las regiones de Bajo Cauca y Catatumbo″, se lee en el documento.

Por otro lado, la organización internacional destacó que desde la firma del acuerdo de paz, más de 801.288 personas han sido desplazadas como consecuencia de los factores de violencia. Sumado a lo anterior, con los análisis de riesgos, las tendencias tanto en desplazamientos masivos como en confinamientos será de aumento en 2022 pese a que ya se superó la emergencia sanitaria del covid-19 en el país.

“Se calcula que 5,8 millones tendrían necesidades humanitarias, principalmente en zonas rurales donde se están consolidando estos grupos, generando graves implicaciones en términos de protección”, se señala en el informe de la ONU.

No es la única entidad internacional que ha encendió sus alarmas, pues la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE), que se encuentra desplegada por primera vez en Colombia, se mostró preocupada por el impacto que la violencia pueda tener en las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo y en las presidenciales de mayo.

“Una de las cuestiones que la MOE analizará serán las condiciones de seguridad en un país plural y diverso donde existen realidades territoriales muy diferentes. Pero la violencia es un desafío estructural para el país, somos plenamente conscientes de ello”, aseguró a Efe, el jefe de la MOE, el eurodiputado español Javi López.

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