MinTrabajo investigará a Dimayor y FCF por negarse a negociar mejores condiciones laborales con Acolfutpro

En vista de que las autoridades colombianas determinaron que ni la Dimayor ni la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) son empleadores directos de los jugadores del fútbol profesional colombiano, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) escaló el pleito entre deportistas y entes rectores del fútbol nacional hacia el Ministerio de Trabajo.

Entre julio y septiembre de 2019 Acolfutpro recolectó 1.117 firmas de jugadores profesionales de los para entonces 36 clubes adscritos a la Dimayor (Cúcuta Deportivo incluido) y que, a través de un pliego de peticiones solicitado a la entidad y a la FCF, reclamaban mejores condiciones laborales.

Como no fue posible llevar a cabo dicho pliego de peticiones a través de una negociación entre las partes en cuestión, en la última semana de febrero el Ministerio de Trabajo envió una resolución a Acolfutpro, FCF y Dimayor donde notifica que inició una investigación para determinar si efectivamente la Fedefútbol y la Dimayor, en su negativa a negociar, incurrieron en alguna vulneración de las garantías previstas en la legislación laboral colombiana.

Según señaló Iván Jaramillo, experto en derecho laboral, la resolución más reciente de la cartera laboral colombiana podría derivar en sanciones para la FCF y la Dimayor como representantes de los equipos de fútbol de primera y segunda división del país:

En cualquier caso, el sindicato de jugadores de Colombia denuncia una presunta cartelización laboral de futbolistas, que también fue investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a cargo de Andrés Barreto en noviembre de 2021. En dicha denuncia, los jugadores reportan ser incluidos en listas negras por ciertos clubes para que luego sean bloqueados y no contratados por otras instituciones deportivas.

Aparte de la petición de los jugadores de que el segundo torneo del año termine antes del 10 de diciembre de 2022 y que el descanso de mitad de año sea de 15 días, son en total 16 clubes del fútbol profesional colombiano los que están siendo investigados por dicha cartelización, así como contra Dimayor misma.

Argumentando la violación de la libre competencia, Acolfutpro indicó que este asunto también es tomado en cuenta en el mercado laboral. De acuerdo con Jairo Rubio, exsuperintendente de Industria y Comercio y apoderado de Acolfutpro, en este caso, en la transferencia de deportistas se registraron conductas entre clubes, la Dimayor y la FCF relacionadas con prácticas restrictivas de la competencia.

Listas negras que incluyen jugadores que no pueden ser contratados por otros clubes hacen parte de las pruebas documentales de Acolfutpro para explicar cómo hay jugadores que en el rentado local son sujetos a acuerdos para no contratar o ser contratados y que además, renuncien a su vinculación durante su último año de contrato. Sin embargo, la agremiación indicó que hay casos recurrentes que se convirtieron en una práctica anticompetitiva, tal como lo dio a conocer Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro:

Mientras tanto, la FCF, Dimayor y Acolfutopro no se han referido al asunto hasta tanto haya una decisión de fondo del ministerio a cargo del excongresista Ángel Custodio Cabrera Báez.

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