La Controlaría General, junto con su sección de Bogotá, inició este 25 de febrero una auditoría al Relleno Sanitario Doña Juana, cuyos problemas económicos, sociales y ambientales continúan siendo objeto de debate en la capital.
Con este anuncio, el órgano de control en una acción conjunta a nivel nacional y distrital busca examinar qué está pasando con la ejecución de algunos puntos del contrato de este relleno, fundamental para el tratamiento de basuras en Bogotá. Específicamente el manejo de residuos sólidos y lixiviados, y el cumplimiento de las licencias ambientales.
“Respecto al manejo del contrato se han recibido denuncias con relación a retraso de pagos por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Además, nos inquiera lo que está pasando con el manejo de los residuos sólidos y los lixiviados, en particular porque todos estos procesos pueden tener incidencia en el río Tunjuelo y a su vez consecuencia en el río Bogotá”, indicó el contralor delegado de Medio Ambiente, Gabriel Jurado.
La Controlaría agregó que los primeros resultados de esta actuación se podrán conocer hacia finales de mayo de este año, momento en el cual se decidirá de acuerdo a los resultados que se tengan si procede un control de advertencia por parte del órgano de control o algún otro tipo de medida fiscal. Es decir, emitir una alerta sobre la operación del relleno que recibe más de 7 mil toneladas de basura diariamente.
Esta auditoría llega después de varias alertas e informes de la Controlaría sobre la afectación del Río Tunjuelo por el incumplimiento del contrato de tratamiento de residuos lixiviados, que estarían afectando las fuentes hídricas de la ciudad.
Relleno Doña Juana: inicia la entrega de indemnizaciones a afectados por el derrumbe en 1997
Después de casi 25 años del derrumbe en el relleno sanitario de Doña Juana, la Defensoría del Pueblo terminó el proceso de identificación de los afectados y anunció que iniciará con la indemnización a las víctimas por los perjuicios que ocasionó el desastre. Este proceso se lleva a cabo debido a la decisión del Consejo de Estado, el cual determinó que el Distrito Capital era responsable por las afectaciones de la emergencia ambiental en septiembre de 1997.
El derrumbe se presentó en el sector II del relleno sanitario y generó que 1,2 millones de toneladas de basura cayeran al río Tunjuelito, lo que se tradujo en la proliferación de gases tóxicos que afectaron a la comunidad. Los habitantes de siete veredas y 900 barrios de Usme y Ciudad Bolívar manifestaron tener problemas respiratorios y dermatológicos después del desastre ambiental.
La Defensoría determinó que 174.000 personas tienen derecho a este dinero, cifra que establecieron tras analizar las casi 600.000 solicitudes que llegaron a la entidad durante seis años. De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, se ordenó la distribución de 235.000 millones de pesos, de lo cuales los afectados recibirán entre uno y dos millones de pesos.
“Por los perjuicios morales ocasionados al grupo conformado por las personas que vivían, laboraban o estudiaban a los alrededores del Relleno Sanitario Doña Juana (hasta una distancia de 5.000 metros del foco emisor), durante el periodo comprendido entre el 27 de septiembre y el 31 de diciembre de 1997″, se lee en la sentencia.
Según lo establecido por el tribunal, la indemnización se realizará de la siguiente forma: 43.502 personas recibirán seis salarios mínimos, 65.766 recibirán cuatro salarios mínimos y 65.441 recibirán dos salarios mínimos.
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