En la mañana del viernes 25 de febrero, el gobierno del presidente Iván Duque solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que abra un nuevo macrocaso en el que se investigue los crímenes de guerra cometidos contra la fuerza pública durante el conflicto armado.
El anuncio fue celebrado por los militares y oficiales del Ejército Nacional. Desde la Corporación Mil Victimas se manifestaron ante este pedido y exigieron que, “los distintos mecanismos que componen el Sistema Integral de Paz, deben reconocer a esta población como objeto de mayores afectaciones, en el marco del conflicto, tales como torturas, agresiones físicas, castigos inhumanos, agresiones sexuales y presión psicológica, como consecuencia de su labor de servicio a la nación”.
El ministro de Defensa, Diego Molano, fue quien hizo el pronunciamiento oficial y aseguró que, “han sido los grupos armados organizados, como las Farc, los protagonistas de la barbarie y crímenes de la guerra contra la fuerza pública y la población civil”. Nos preocupa que después de cinco años del acuerdo de La Habana, y faltando 10 años de su implementación, los reflectores solo estén en la Fuerza Pública y no en los verdaderos victimarios”.
Juan Carlos Giraldo es un exoficial del Ejército y una víctima de las minas antipersona, por la cual perdió sus dos extremidades inferiores, como consecuencia de la guerra. En una entrevista con Blu Radio, habló sobre el pedido y dijo que, “así podemos conocer la verdad de ese hecho que nos causó tanto dolor y causó cicatrices en nuestros cuerpos. Obligamos a los victimarios a que digan la verdad porque lo más importante en este proceso es la verdad de los hechos victimizantes”.
Según las cifras del Ministerio de Defensa, de los 9,7 millones de víctimas que han dejado el conflicto, 403.352 son miembros de las Fuerzas Militares o de la Policía. En esa línea, el Gobierno nacional, firme detractor de la JEP, presentó hoy el informe “Aporte a la verdad: Contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica”, que además de mostrar lo hecho por las autoridades, revela lo que sufrieron los policías y militares durante el conflicto.
Frente a las violaciones de derechos humanos que fueron cometidas contra miembros de la fuerza pública, el informe explica que entre 1970 y 2010 se reportaron en el país 39.058 víctimas de secuestro de los cuales 1.643 fueron militares.
En cuanto a la desaparición forzada, se presentaron 6.408 casos en las Fuerzas Militares. La mayoría de ellas fueron perpetradas por las Farc, seguidas por el ELN. El año en el que más se produjeron fue en 1998, debido a la presión que ejercía la guerrilla para acelerar los diálogos de paz con el Gobierno nacional.
Por su parte, la JEP anunció que abrirá tres nuevos macrocasos, entre los que se incluye uno de hechos cometidos por las Farc y donde podrán entrar muchos de los crímenes de lesa humanidad perpetrados tanto contra la sociedad civil como contra la fuerza pública.
En su cuenta de Twitter la jurisdicción de paz anunció que, “recibió junto a la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) “el informe ‘Aporte a la verdad: Contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica’, presentado por las Fuerzas Militares y entregado por el presidente Iván Duque al magistrado Eduardo Cifuentes”.
El ministro Molano finalizó diciendo que, “si hoy las instituciones y la democracia se han mantenido, es gracias a la defensa ejercida por los militares y policías, porque han sido ellos los que valoran la vida que otros desprecian; los que sobreponen la dignidad humana que otros omiten; los que construyen la paz que otros nunca han querido”.
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