El Paseo Bolívar, una de las zonas de comercio más concurridas en Barranquilla (Atlántico), durante este 24 de febrero permaneció desierta, pues todos los locales cerraron. Tenderos y comerciantes de este sector, y en general de todo el Atlántico, suspendieron sus actividades como forma de protesta contra las extorsiones de las que vienen siendo víctimas desde hace más de dos años.
Además de cerrar los negocios, los afectados marcharon en Barranquilla y otros municipios del Atlántico para exigirle al Gobierno nacional que tome medidas contra los delincuentes. Aseguran que el Estado los ha abandonado y las autoridades judiciales no toman medidas contundentes para frenar el problema.
“Le pedimos al Gobierno que actúe porque o le pagamos impuestos a ellos o a los delincuentes. La extorsión no es fácil porque siempre tenemos la muerte cerquita”, aseguró Jair González, comerciante en el mercado de Soledad, al diario local El Heraldo.
La Policía Metropolitana de Barranquilla asegura que 249 personas han sido capturadas por este delito, pero el gremio sostiene que esto no funciona porque los delincuentes son liberados rápidamente o se les da el beneficio de casa por cárcel. Así mismo, señalan que desde la cárcel siguen organizando planes para atacarlos.
Por lo anterior, las víctimas aseguran que trabajan con miedo. Los criminales los están presionando psicológicamente a través de llamadas extorsivas.
Según la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), la presión está surtiendo efecto pues los comerciantes están accediendo a pagar a los delincuentes a cambio de que los dejen trabajar. Incluso, en casos extremos, los afectados están vendiendo sus negocios, nombran administradores o se mudan de barrio para garantizar su seguridad.
“Lo que sabíamos es que se ejerce una presión tan fuerte que el comerciante opta por pagar creyendo que va tener solución, pero al mes o dos meses le llegan con otra solicitud a veces a nombre de la misma banda o otro grupo, donde el comerciante siente que no puede seguir sosteniendo estos pagos y entonces entra la presión psicológica y opta por cerrar el negocio como ha ocurrido en Barranquilla”, sostiene Orlando Jiménez, vicepresidente de la Undeco.
El sindicalista afirma que la problemática de las extorsiones a los comerciales se viene presentando desde el 2019. Señala que en este lapso se han registrado muertos, heridos, disparos a los establecimientos de comercio. Incluso, algunos negocios han sido vendidos a bajo precio porque los comerciantes buscan salir del departamento para salvar su vida.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el pasado 13 de agosto en la que advierte el aumento de extorsiones y homicidios en Barranquilla y su área metropolitana, conformada por Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa. El organismo de control advirtió que hay 28.430 personas en riesgo, y entre ellos hay comerciantes, docentes, activistas, trabajadores informales y comunidades indígenas y afro.
Indicaron que el dinero cobrado por los extorsionistas estaría llegando a grupos narcoparamilitares con el fin de financiar la compra de armas, además de pagar por la ejecución de actividades ilícitas como el narcotráfico y el microtráfico.
Señaló que la organización más fuerte que opera en el departamento son Los Costeños y su recientes reconfiguraciones como Los Nuevos Rastrojos y el Nuevo Bloque Costeño. También mencionó al Bloque Central Renacer, Los Papalópez, Los Vega y Los Meleán. Además, no se descartó la presencia de otros actores armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidas como Clan del Golfo.
Jiménez dijo que además de cobrar el dinero, es muy probable que las extorsiones busquen sacar a los comerciantes de sus locales para que testaferros de Los Costeños puedan comprarlos. El objetivo de esto sería tener sedes desde donde operar y así ganar control del territorio.
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