El Consejo Nacional Electoral decidió mantener la candidatura de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de Rodrigo Tovar Pupo, el exjefe paramilitar conocido bajo el alias de ‘Jorge 40′, por las curules de paz destinadas para las víctimas. Pese a la decisión, la aspiración sigue siendo cuestionada y para el magistrado Luis Guillermo Pérez, debió revocarse aún cuando cumplía los requisitos formales.
El magistrado Pérez se abstuvo de votar en la decisión adoptada por el CNE respecto a la candidatura de Tovar Vélez. En su salvamento expuso que “desde el punto de vista formal no incurriría en ninguna inhabilidad legal para aspirar a ser elegido representante a la Cámara por una de las 16 curules de las circunscripciones de paz”. Pues, como señaló la autoridad electoral, el hijo de Jorge 40 es reconocido como víctima en el Registro Único de Víctimas.
Sin embargo, para el magistrado Pérez, la discusión constitucional de la inscripción debió basarse en si esta está en coherencia con el objetivo de las Circunscripciones de Paz que fueron diseñadas para la representación de las víctimas, con los fines del Estado Social de Derecho y los Acuerdos de terminación del conflicto. Esto debido a que es hijo de uno de los principales victimarios del territorio que aspira a representar.
“Por cuenta de la interpretación limitada y errónea que se realizó en la Resolución 1277 de 2022, las CITREP está sirviendo para favorecen las aspiraciones electorales del hijo de uno de los más grandes responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra en Colombia, quien además no ha colaborado con la justicia transicional y lejos de contribuir a las garantías de no repetición, la candidatura de su hijo se convierte en una acto de revictimización”, señaló el magistrado.
Según se lee en el salvamento, no se trata de limitar los derechos políticos de Tovar Vélez, toda vez que podía aspirar por la circunscripción ordinaria; sino de proteger a las demás víctimas y aspirantes que se encuentran en desventaja frente a este contendor.
“La agresión a los derechos de las víctimas en este caso no sólo se limita a la inscripción de un candidato que está impedido para representar sus intereses, también existe un alto riesgo de que las elecciones para la CTREP No. 12 estén viciadas por el control económico y político que aún se mantiene en favor de la familia TOVAR, derivados del accionar delictivo que Jorge 40 mantuvo en la región”, sostuvo el magistrado.
Según expuso, Tovar Vélez ocupó la Dirección de la Unidad de Víctimas del Ministerio del Interior hasta que fue deportado su papá al país, después de cumplir la condena en Estados Unidos. Así mismo, la sede de la Unidad de Víctimas en Valledupar funciona en un edificio propiedad de su madre y su abuela por la suma de 260 millones de pesos de arriendo.
“Todo esto muestra la ausencia de garantías para las víctimas que compiten por esa curul única en la CITREP 12 y la inhabilidad sustancial para que Jorge Rodrigo Tovar mantenga su aspiración de ser elegido al Congreso de la República”, señaló el magistrado.
Esto resulta especialmente relevante cuando los aspirantes a esas curules no han podido acceder a los anticipos para financiación de campaña, como lo alertó el mismo CNE, debido a que no logran acceder a garantías y pólizas bancarias.
Alias Jorge 40 comandó el Bloque Norte de las AUC, con principal incidencia en Cesar, Magdalena, La Guajira y parte Atlántico, también ocasionalmente en e Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander y Bolívar. Produjo alrededor de 333 masacres que dejaron más de 25.000 víctimas en ese territorio. Hombres que fueron de su confianza se reorganizaron tras la desmovilización. Posteriormente, Tovar Pupo fue expulsado del régimen penal especial por negarse a reparar a las víctimas.
“Como lo señalan los solicitantes de la revocatoria y como ha sido documentado en estrados judiciales y por las propias organizaciones de víctimas, el legado de terror que causó Tovar Pupo sirvió especialmente para la reorganización del territorio, en beneficio de una clase económica y política que hasta el día de hoy mantienen sus operaciones, gracias al manto de impunidad que hay sobre el excomandante de las AUC y sus aliados”, señala el salvamento.
El magistrado Pérez llamó la atención debido a que solo se tuvo en cuenta el registro de Tovar Vélez en la Unidad de Víctimas, pero no se entró en detalle de las razones de ese reconocimiento y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que produjeron su victimización. Para el funcionario, “es un elemento de juicio fundamental que en la decisión bajo análisis se omitió del todo”.
Lo más grave, además, que se señala en el salvamento, es que los demandantes de la revocatoria de la inscripción de Tovar Vélez a las curules de paz, han recibido amenazas. “La Corporación debió prestar especial atención a las denuncias que hicieron los solicitantes sobre la presencia de grupos armados ilegales en el territorio que intimidan a la población y que al parecer prestan apoyo a la candidatura de RODRIGO TOVAR VÉLEZ”, se lee en el documento.
Según conoció la emisora W Radio, otros aspirantes a las curules de víctimas N° 12 han denunciado que hay territorios vedados para realizar sus actos de campaña, porque se han declarado territorios exclusivos del hijo de ‘Jorge 40′, conocido en la región como Yoyo Tovar. Además, denuncian que ha sido apoyado por funcionarios públicos, como Víctor Hugo Mosquera, director de la Unidad de Víctimas del Cesar.
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