Desde 2018 se han indemnizado cerca de 126.000 víctimas en Colombia anualmente: Unidad de Víctimas

El director de la entidad, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, afirmó que se han destinado 15 billones de pesos en los últimos cuatro años para atender a esta población. La Contraloría, por su parte, advierte que los esfuerzos son mínimos

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La Unidad de Víctimas afirmó que en los planes del Gobierno nacional se tiene destinado a implementar planes de reparación colectiva, de retornos y reubicación y obras de infraestructura para resarcir los daños causados por el conflicto armado a más de 100.000 víctimas del conflicto armado del suroeste antioqueño.
La Unidad de Víctimas afirmó que en los planes del Gobierno nacional se tiene destinado a implementar planes de reparación colectiva, de retornos y reubicación y obras de infraestructura para resarcir los daños causados por el conflicto armado a más de 100.000 víctimas del conflicto armado del suroeste antioqueño.

En un foro territorial de víctimas del conflicto armando organizado por el Congreso de la República en el municipio de Betulia (Antioquia), el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, afirmó que, “gracias a la destinación de 15 billones de pesos del Gobierno nacional para la reparación a las víctimas del conflicto armado, desde 2018 se han indemnizado, en promedio, 126.000 víctimas en Colombia cada año”.

El funcionario público afirmó que durante estos cuatro años, la población afectada por el conflicto armado se ha beneficiado con insumos agropecuarios para familias campesinas, con el plan de retorno y reubicación de población desplazada.

Sin embargo, la Contraloría General de la República advirtió que las víctimas que han accedido a una medida de reparación no superan el 13 %, por lo que se necesitan $65 billones anuales para atender a 6,2 millones de víctimas en los próximos diez años.

La entidad alertó sobre la necesidad de que se haga un mayor esfuerzo fiscal para reparar a las víctimas del conflicto armado, dado que es insuficiente la destinación de recursos invertidos hasta ahora. “Según nuestros cálculos, se requieren a junio de 2031 más de $328,3 billones para ejecutar 19 medidas contempladas en la ley.

Durante el evento en el departamento antioqueño, el director anunció la inversión de 105 millones de pesos para el fortalecimiento de un punto de atención de víctimas en Betulia y para avanzar con dos sujetos de reparación colectiva de comunidades campesinas de la zona.

La entidad que nació en 2012 a raíz de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, informó que durante el mandato de Iván Duque se han invertido 3.39 billones en Antioquia para la reparación integral de esta población.

Frente a la restitución de tierras, la Contraloría detectó que de más de 135.000 solicitudes se han restituido con sentencia algo más de 12.000. De esa cantidad de solicitudes presentadas, un 24 % (32.793) se encuentran en departamentos de la Costa Caribe, siendo Bolívar y Cesar los que mayor número de solicitudes tienen (cada uno con el 6 %). Les siguen Magdalena (5 %) y Córdoba (3 %).

En el evento realizado en la tarde del jueves 24 de febrero en la plaza principal de Betulia, el funcionario dijo que concretamente en este municipio se registran cerca de 9.000 víctimas del conflicto armado. La Unidad para las Víctimas argumentó que se ha invertido más de 13.491 millones de pesos en reparación integral, incluidas 994 indemnizaciones económicas individuales y ayuda humanitaria.

En el marco del conflicto armado hay dos masacres emblemáticas que sucedieron en este municipio del suroeste antioqueño. La primera ocurrió el 13 de noviembre de 1999 cuando un grupo paramilitares asesinaron a cuatro personas en un recorrido por varias veredas del municipio.

El grupo acusó a cuatro pobladores de ser supuestos colaboradores de la guerrilla y los asesinaron en la vía pública. Antes de marcharse, quemaron varias viviendas y destruyeron algunos establecimientos. De acuerdo con el Centro de Investigación Académica, Cinep, por estos hechos cerca de 1.300 personas se desplazaron forzadamente.

El otro hecho victimizante ocurrió el 19 de agosto de 2002, cuando paramilitares del Bloque Suroeste Antioqueño llegaron al corregimiento Altamira en el municipio de Betulia y con lista en mano asesinaron a cuatro personas luego de sacarlas de sus viviendas. En el proceso de Justicia y Paz se documentó que Carlos Mario Montoya Pamplona. alias Arbolito, exintegrante del Bloque Suroeste Antioqueño, fue uno de los perpetradores de la masacre.

Por último, Rodríguez afirmó que en los planes del Gobierno nacional se tiene destinado a implementar planes de reparación colectiva, de retornos y reubicación y obras de infraestructura para resarcir los daños causados por el conflicto armado a más de 100.000 víctimas del conflicto armado del suroeste antioqueño.

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