El Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad envió una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, en la que le solicita garantizar las labores que adelanta la entidad nacida en el marco del Acuerdo Final de Paz, en especial sobre el proceso de escucha que realiza con Dairo Antonio Úsuga, conocido por el alias Otoniel, máximo comandante del Clan del Golfo.
La misiva firmada por la reconocida artista Doris Salcedo y el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica Gonzalo Sánchez, entre otros renombrados miembros, se refiere a los “graves contextos de producción de verdad que se han hecho públicos en los últimos días, además de la información que de primera mano hemos recibido”, haciendo referencia al robo de los archivos con los testimonios de Otoniel y la interrupción de su entrevista por miembros de la Policía.
“Créanos señor presidente que no es la primera ni la única vez que hechos similares ocurren a investigadores o testimoniantes ante la entidad. No se le oculta a usted que episodios de este tipo, así como la filtración de información confidencial a los medios, son de extrema gravedad y no solo ponen en riesgo la verdad, sino también la seguridad de los miembros de la entidad y la seguridad del procesado que manifiesta voluntad de contribuir al esclarecimiento de los hechos de los que es conocedor o responsable”, indicó el Consejo Asesor de la Comisión.
En ese sentido, señaló que confiaba en que el gobierno era consciente que tiene una obligación legal y moral, frente a las víctimas, la ciudadanía y la comunidad internacional, de garantizar “hasta el último minuto” el trabajo de la Comisión de la Verdad así como de las entidades que pertenecen al Sistema Integral para la Paz conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
A su vez, indicó que tenía claro que Otoniel, considerado el líder de la banda criminal y narcotraficante del país, estaba en proceso de extradición a los Estados Unidos, sin embargo, manifestó que estos deberes de colaboración internacional en materia judicial deben “armonizarse con los derechos de las víctimas y en especial con su derecho a la vida”.
“Como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, en desarrollo del principio de colaboración armónica, solicite a las autoridades judiciales, administrativas, y de control que adelanten con celeridad y rigor las investigaciones que les competan para esclarecer cuanto antes la autoría del robo de los dispositivos y se impongan las respectivas sanciones, de tal manera que se impida la repetición de estos hechos”, indicaron los firmantes.
Asimismo, pidieron que el Gobierno nacional ordene a la fuerza pública no estar presente en las diligencias de declaración de Úsuga ante la Comisión y permita que estas se lleven a cabo con la reserva que les corresponde, a la vez que el Inpec asigne al recluso a un lugar en el que se le respeten sus derechos, debido a que evidenciaron que las condiciones de Otoniel no son las óptimas, a pesar que sea un delincuente.
De igual manera, pidieron que el Gobierno adopte las medidas de seguridad necesarias para que no se repitan estas conductas, así como se eviten futuros hechos que pueden ser más graves, teniendo en cuenta que Otoniel le ha manifestado a la JEP que ha tenido una relación de concierto para delinquir con civiles, empresarios, exintegrantes de las AUC, políticos, militares y exmiembros de la fuerza pública, señalando que personas de mucho poder pueden estar interesadas en impedir estas declaraciones.
“En consecuencia le solicitamos finalmente que nos conceda una audiencia para ampliarle de viva voz la información referida y nuestras peticiones, y para escuchar sus consideraciones sobre lo expuesto. Todo lo anterior, sin prejuicios de las gestiones que debemos adelantar ante las partes interesadas en la independencia y garantías que deben rodear las funciones de unos de los pilares del Acuerdo de Paz”, concluyó el Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad.
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