En la tarde de este miércoles 23 de febrero un bus que transportaba 16 niños y niñas entre las veredas de Teislandia y La Aguada (Casanare) fue incinerado por hombres armados, que los obligaron a descender junto a la monitora del vehículo, que fue quemado en plena vía pública.
Según las autoridades, ningún menor resultó herido luego del asalto de este bus, que transportaba a estudiantes de la Escuela Centro Poblado de La Aguada, y según la Gobernación de Casanare, “los menores no tienen heridas físicas, pero si presentan traumas de pánico y shock por la situación que les tocó vivir”.
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Aunque todavía ningún grupo al margen de la ley se ha hecho responsable de este ataque a la población estudiantil, las autoridades departamentales señalaron que la acción tiene relación con el paro armado anunciado por el ELN.
El gobernador de Casanare, Salomón Sanabria, rechazó el hecho y aseguró que, “mi equipo de gobierno dará toda la atención a la situación de manera articulada con la fuerza pública y así garantizará la seguridad y tranquilidad de los menores de edad afectados”.
Siguiendo la orden del gobernador, el secretario de gobierno de Casanare, Oscar Peñalosa, rechazó este acto. “Estas son violencias que afectan los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los oficiales del Ejército y Policía Nacional siguen con la fuerza intacta para proteger la seguridad y movilidad de los casanarenses, para que no vean afectadas sus actividades por las actividades del grupo al margen de la ley”.
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Por su parte, el comandante (e) de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, teniente coronel Sergio Antonio Albarracín, afirmó que las primeras observaciones del caso llevan a las autoridades a concluir que detrás del ataque se encuentra el grupo guerrillero. “Tenemos imágenes que no llevan a decir que ellos son los responsables. Los panfletos que se mueven en la zona, también nos indican que están detrás de las acciones en contra de la población civil”.
Después de los hechos, los rectores de los colegios departamentales cuestionaron la continuación de las actividades escolares, a lo que la secretaria de Educación, Elisabeth Ojeda Rodríguez, aseguró que el servicio escolar seguirá funcionando con normalidad, “el derecho fundamental a la educación tiene que prevalecer por encima de todas las cosas. Como funcionarios públicos estamos llamados para buscar las soluciones y mecanismos para garantizar la seguridad de los estudiantes”.
Ante este situación, la empresa Tecas, que prestaba el servicio de transporte, afirmó que suspenderá las operaciones en el departamento hasta que cesen las hostilidades en la zona, ante esta determinación la secretaria afirmó que, “garantizamos la movilidad de los estudiantes, entendemos la decisión de la empresa. Hemos recibido llamadas de algunos colegios municipales donde nos dicen que no hay alteración del orden público en sus zonas”.
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Sin embargo, la funcionaria entendió los miedos de las familias para enviar a sus hijos al colegios en medio de la delicada situación de orden público que se presentó en la tarde del miércoles. “Le damos la opción a los padres de familia de no enviar a sus hijos a las escuelas. Cada rector debe organizar los lineamientos internos a seguir durante estos días”.
Por su parte, el defensor del Pueblo departamental afirmó que estas actuaciones lo único que hacen es poner en el centro del conflicto armado a la población mas indefensa de todas, los niños, niñas y adolescentes.
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