Procuraduría realiza vigilancia a la contratación de las alcaldías y gobernaciones de cara a las elecciones

La Procuraduría General de la Nación anunció este martes que actualmente está realizando una vigilancia estricta a la contratación y al manejo de plantas de personal en las 1.103 alcaldías y las 32 gobernaciones del país, en cumplimiento de la Ley de Garantías Electorales, la cual prohíbe celebrar convenios interadministrativos cuatro mese antes de los comicios.

Así lo confirmó la procuradora General, Margarita Cabello, quien destacó la importancia de cumplir con las restricciones de la norma, especialmente en el manejo de nómina, contratación y recursos públicos de las entidades territoriales en el país de cara a las elecciones legislativas y presidenciales que se celebrarán los próximos 13 de marzo y 29 de mayo de 2022, con el propósito de promover un ejercicio “equitativo y transparente de la democracia”.

“Estamos trabajando de forma articulada con todos los personeros y personeras del país a través de los comités regionales y provinciales de control electoral que presiden nuestros procuradores territoriales, con el objetivo de velar por el ejercicio del derecho a la participación y prevenir la indebida utilización de recursos públicos en controversias de tipo político”, manifestó la jefa del Ministerio Público.

A su vez, señaló que el análisis de la información recolectada entre el 21 y el 23 de febrero por procuradores regionales, provinciales, distritales y los personeros será llevado a cabo por la Unidad de Vigilancia Electoral y del Grupo de Trabajo de la Unidad de Gestión de Información (Ugii) lo que permitirá constatar el cumplimiento de la Ley de Garantías que fue modificada por el Congreso y que fue criticada por varios sectores que advirtieron casos de corrupción.

Previo a la entrada en vigencia de esta ley, que contempló un exención para esta año con el argumento de impulsar la reactivación económica, se quintuplicó la contratación en todo el territorio nacional según lo pudo establecer Colombia Compra Eficiente, que llegó a calcular 32.000 contratos en un solo día, asimismo se evidenció que en los 604 contratos interadministrativos celebrados desde el 13 de noviembre al 8 de febrero alcanzaron los $3 billones.

A un mes de las elecciones legislativas en Colombia, la Corte Constitucional declaró el pasado 10 de febrero emergencia nacional para estudiar las denuncias relacionadas con los cambios de la Ley de Garantías. La alta corte asegura que es necesario implementar la figura para así poder darle trámite inmediato a los señalamientos que hay contra Ley de Presupuesto aprobada en el Congreso de la República el año pasado.

Al inicio de una sesión realizada este 10 de febrero, la magistrada Diana Fajardo, ponente del caso, pidió que se suspendiera la norma, pero su propuesta tuvo solo tres votos a favor. Al final, en la Corte se votó por una ponencia del magistrado Jorge Ibáñez, quien pedía la declaratoria para evaluar detalladamente las denuncias, y él obtuvo tuvo seis votos a favor y tres en contra.

La Corte resalta que los magistrados no tomaron ninguna decisión adicional, pues solo acudieron a la declaratoria de urgencia nacional.

Tan solo hace un mes (el pasado 11 de enero), la Corte admitió 21 de 42 denuncias en las que se objeta el ‘mico’ que modificó la Ley de Garantías, con lo que se permitiría celebrar contratos a entidades del gobierno con entes territoriales como gobernaciones y alcaldías. Quienes se han opuesto a las modificaciones consideraron que podría derivar en el desvío de recursos para campañas políticas en plena temporada electoral.

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