Imputan a cinco personas involucradas en el escándalo de Centros Poblados

Avanzando en el caso contra la Unión Temporal Centros Poblados, responsable del desfalco a la nación por más de 70.000 millones de pesos, este 23 de febrero la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra cinco personas vinculadas al hecho. Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal; Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros; y Emilio Tapia Aldana, deberán responder por al menos cuatro delitos.

Según el ente acusador, los hombres incurrieron en delito de falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación a favor de terceros. Lascarro, Cáceres, Duque, Laverde y Tapia no aceptaron ninguno de los cargos.

La Fiscalía explicó por qué imputó cada uno de estos delitos. Con respecto a falsedad en documento privado, señaló que Tapia habría acordado un pago de 4.000 millones de pesos a Lascarro para que este hiciera parte de la Unión Temporal pero solo en el papel y así lograr la adjudicación del contrato. Este hecho llevó a incurrir en fraude procesal, pues en realidad la empresa de Lascarro no iba a procurar el desarrollo y cumplimiento del proyecto.

El delito de enriquecimiento ilícito es imputado porque los implicados recibieron 300 mil dólares en Miami. De este monto, 250 mil dólares se habrían ido al bolsillo de Lascarro por aceptar ser parte de la unión temporal. Para finalizar, el delito de peculado por apropiación a favor de terceros fue imputado porque los hombres incurrieron en este al no invertir el anticipo entregado por el Gobierno para el desarrollo del contrato.

Cabe resaltar que Laverde y Cáceres aseguraron que están colaborando con la Fiscalía para desenredar el entramado de corrupción detrás del caso de Centros Poblados. Se espera que con sus declaraciones se pueda lograr la devolución del anticipo de los 70.000 millones que hasta ahora “están perdidos”. Así mismo, Lascarro dijo que ya ha dialogado con el ente acusador para llegar a un acuerdo y devolver lo apropiado.

Esta audiencia de imputación de cargos estaba pendiente por realizarse desde el pasado 22 de diciembre, cuando la Fiscalía vinculó formalmente a los cinco hombres al caso. En ese momento el ente acusador indicó algunos de los delitos por los que tendrían que responder los hoy imputados.

“Estas personas que estarían involucradas en la apropiación ilícita de parte de los 70.000 millones de pesos del anticipo del citado contrato serán imputadas por la posible participación en las conductas ilícitas, por delitos como: peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal”, indicó el ente acusador.

Se espera que ahora se abra un juicio contra Lascarro, Cáceres, Duque, Laverde y Tapia. Simultáneamente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), a través de su grupo legal élite seguirá reuniendo pruebas para judicializar a los responsables del desfalco. El objetivo es que no se cometan errores, evitar retrasar el proceso y así recuperar el dinero rápidamente.

Hay que anotar que a la fecha la deuda ya no es de 70.000 millones, sino de 74.000, porque se han sumado intereses y costos de indexación de esos recursos en las arcas del Estado. Además, el país podría perder otros 7.000 millones de pesos porque los contratistas le deben esta suma a los bancos y ya que ellos no responden, las entidades le pedirán al Estado que asuma la deuda.

La unión temporal le pidió el dinero al Banco de Bogotá y al BBVA y el Gobierno, a través del Fondo Nacional de Garantías, fue el garante del crédito. Teniendo esto en cuenta, las entidades activarán la garantía para recuperar sus recursos. Se detalló que las compañías de Centros Poblados que tienen al Estado como garante en préstamos son las empresas ICM Ingenieros, que le debe 4.000 millones de pesos a BBVA; y Omega Buildings, que le debe 3.000 millones de pesos al Banco de Bogotá.

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