La autoridades indígenas awá denunciaron que el pasado 21 de febrero, Elver Rodríguez, perteneciente al Resguardo Indígena Vegas Chagui Chimbusa, fue asesinado por personas que se movilizaban en una motocicleta. Los hechos se presentaron en el municipio de Ricaurte (Nariño), a las 4 de la tarde del pasado lunes.
El cuerpo del líder indígena fue encontrado en el sector conocido como el Cuesbi tras ser atacado por los sicarios, mientras se desplazaba al municipio de Barbacoas. En el ataque donde murió instantáneamente, también resultó herida su esposa.
Este sería el primer homicidio en contra de la comunidad awá en 2022, quienes para el año anterior denunciaron más de 50 asesinatos de personas pertenecientes a su territorio. El pueblo indígena está conformado por más de 44 mil habitantes, está asentado en los departamentos de Nariño y Putumayo, en el suroccidente del país, y en municipios del norte de Ecuador.
En su comunicado, la Asociación de Autoridades Tradicionales Awá - Camawari, subraya que esta situación, “pone en riesgo al pueblo Awá de Ricaurte, en especial la vida de los lideres y lideresas y el mantenimiento de sus tradiciones alimentarias, así como la reproducción de sus formas de subsistencia a las nuevas generaciones, pues como es manifestado: “los Awá aprendemos mirando, tocando y experimentando en nuestro territorio.”
El pasado 1 de febrero en Córdoba (Nariño), Julio César Bravo, presidente del Concejo de Córdoba y líder del Resguardo Indígena de Males, fue el primer indígena asesinado en el departamento. Por eso, la autoridad awá, le solicitó al Gobierno nacional y departamental avances concretos para la protección a favor de los pueblos indígenas.
“Pedimos que desde sus mandatos avancen efectivamente en los ordenes emanadas por la Corte Constitucional a favor de nuestros pueblos, esto no ha sido tomado con la seriedad necesaria y hoy nuestro pueblo Awá tristemente está desapareciendo”.
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La sentencia que hace referencia el comunicado de la autoridad indígena es la 004 de 2009 de la Corte Constitucional, que declara que el Estado colombiano está en la obligación de prevenir las causas de violencia hacia los pueblos indígenas, y atender a la población indígena con el enfoque diferencial que para ello se requiere. Además, advirtió que estas comunidades están en peligro de ser exterminadas cultural o físicamente por el conflicto armado interno.
En el documento, que tiene fecha de 22 de febrero de 2022, los líderes y las autoridades de los cabildos y resguardos asociados a la organización Camawari, denuncian “amenazas, atentados, asesinatos y desplazamientos constantes que se suman a la grave situación de DDHH que desde años viene afectando a nuestro territorio”.
Otro de los pedidos que le hacen a las autoridades nacionales es la realización de un consejo de seguridad de carácter urgente en el territorio, que le permita tener una análisis de la situación real y coordinar acciones que garanticen sus derechos.
Para luchar contra la impunidad en los casos de asesinatos hacia la comunidad indígena, le hicieron una petición a la Fiscalía General de la Nación para que de a conocer todas las investigaciones y procesos judiciales que se adelantan hasta le fecha en el departamento de Nariño.
El último hecho de violencia que se presentó en el municipio de Ricaurte fue el 17 de febrero, donde hubo un ataque armado a la estación de la Policía Nacional.
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