Este martes la abogada Julieth Alexandra Castellanos, defensora del excomandante de las Fuerzas Militares Leonardo Barrero, aseguró que el general retirado no trabajó con el Clan del Golfo bajo el alias de El Padrino. A través de un comunicado de prensa la jurista rechazó la veracidad de la información suministrada por Blu Radio recientemente.
El medio de comunicación expuso fragmentos de un documento de 663 páginas en el que la Fiscalía General de la Nación señala al general de ser alias El Padrino. La investigación determinó que Barrero habría sido un enlace entre la organización criminal y el Ejército Nacional.
“Han señalado que, en el informe referido, se deduce que mi defendido es la persona a quien la Fiscalía identifica como alias ‘El Padrino’, de quien se dice actuó como colaborador del grupo narcotraficante denominado Clan de Golfo”, explicó Castellanos en el comunicado de prensa, que también fue a dado a conocer por Blu Radio, y aseguró que lo expuesto es totalmente erróneo. “Contrario a lo manifestado por los medios, y después de una evaluación objetiva de la información que los mismos medios han difundido, lo que se concluye es todo lo contrario”, agregó.
La abogada argumentó que el medio de comunicación difundió unas imágenes de Barrero en las que estaba realizando actividades alejadas de la ilegalidad.
“Bajo ninguna óptica podrían enmarcarse en una actividad de carácter ilícito y menos que den cuenta de la existencia de relaciones entre mi representado y los grupos delincuenciales, como lo han querido señalar algunos medios”, explicó Castellanos.
Asimismo, afirmó que los investigadores habrían hecho una “equivocada interpretación (...) a la comunicación en donde el señor González del Río menciona el apellido de mi representado”. La jurista resaltó el hecho de que, en la audiencia reservada, la Fiscalía estableció que no tenía pruebas suficientes contra el general para que la juez ordenara su captura.
De esta forma, el informe revelado por BLU Radio, “no es una sentencia judicial, sino un acto de investigación cuya conclusión no fue suficiente para que el Fiscal del caso pudiera siquiera inferir responsabilidad en cabeza de mi prohijado”, asevera la abogada. También advirtió que lo que sucedió con el caso y su relevancia mediática demuestra “un marcado interés político de desacreditar al General en retiro y al partido político (Centro Democrático) al cual pertenece mi defendido”.
El documento de la Fiscalía
Lo que está expuesto en el documento acusatorio señala que Barreto, desde septiembre de 2019 hasta inicios de 2022, habría hecho parte de aquel grupo delincuencial. Se detalló que tendría influencia, particularmente, en los municipios de Leiva, Policarpa, Cumbitara y Rosario (Nariño) y que supuestamente estuvo al mando de Juan Larinson Castro alias Matamba, principal cabecilla del Grupo Armado Organizado Cordillera Sur del Clan del Golfo.
“En esos municipios alias ‘Matamba’ era el único que autorizaba las ‘mesas’ para que los narcotraficantes compraran la base de cocaína; luego se realizaba la elaboración de cocaína en laboratorios clandestinos ubicados en zona rural de los municipios ya mencionados, desde donde se realizaba el transporte de la sustancia hasta las costas nariñenses y de ahí al exterior”, se lee en el documento de la Fiscalía conocido por Blu Radio.
Es en ese punto es el que entra la participación de uniformados activos y retirados del Ejército Nacional, pues, gracias a ellos, en menos de seis meses alias Matamba se quedó con el control total de los cultivos de hoja de coca, laboratorios de producción de estupefacientes, y las vías para la comercialización y el tráfico de sustancias ilícitas. Esto se consiguió luego de la derrota del grupo residual dirigido por alias Sábalo, cabecilla del GAOR E9, asesinado en 2019, presuntamente, por el ELN.
La investigación apunta que parte del dinero que era producido por entramado criminal, a causa de negocios relacionados con el narcotráfico, era utilizado para pagar una nómina a quienes le servían a aquella red. Algunos militares, detalla la Fiscalía, llegaron a ganar cinco millones de pesos al mes. Altos mandos, por su parte, podrían recibir hasta 30 millones de pesos. En esta última se incluyen los coroneles ya mencionados. El dinero también habría ayudado a pagar los traslados de los militares que hacían los operativos en contra de alias Sábalo y su gente.
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