Más de 5.000 afectados por desplazamiento y confinamiento en Buenaventura, asegura la ONU

Continuamente desde el puerto de Buenaventura surgen preguntas acerca la disminución del conflicto, pues desde hace varios años esta ciudad se ha convertido en un territorio de difícil acceso y manejo para las autoridades. En este inicio del año, la violencia se ha desencadenado un factor sistemático de alto recrudecimiento, pues desde la ONU se emitió una nueva alerta en donde se señala la crítica situación de más de 5000 personas en zonas rurales y cabeceras urbanas del municipio y sus corregimientos.

En su último reporte, el equipo de asesoramiento humanitario de la OCHA (Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), destacó la delicada situación que está afrontando la comunidad del primer puerto de Colombia, según esta entidad, 2.704 se encuentran en condición de desplazamiento activo en este momento, mientras que 2.487 están en medio de confinamiento en el mismo marco.

Según este informe, desde el pasado 10 de enero del 2022 se acrecentaron las hostilidades, pues parte de la comunidad se encontraba departiendo en medio del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima, en ese momento de realizó una incursión armada por parte de un Grupo Delictivo Organizado que en este caso hace parte de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia).

En el marco de la entrada beligerante del grupo delictivo, se reportó el asesinato de dos jóvenes y el amedrentamiento de la misma comunidad de los corregimientos de La Colonia y San Isidro. A su vez, entre el 18 y 19 de enero, varias familias tuvieron que desplazarse hacia cabeceras urbanas principalmente de Buenaventura, Cali y Tuluá, tras haber sido amenazadas por miembros del ELN que operan en la zona de la Cuenca Baja del Río Calima.

Es importante destacar que, desde el mes de marzo del año 2021 hasta la fecha, son 14 los desplazamientos masivos que se han registrado. Tras estos hechos, 2.128 familias (6.523 personas) han sido desplazadas y a 1.181 familias (3.863 personas). Estos números dejan una preocupante estadística, pues solamente en el año 2021, 17.311 personas fueron víctimas por este flagelo en el municipio de Buenaventura, convirtiéndose este número en el total de víctimas que tiene todo el Valle del Cauca.

La situación se agudiza ante la negligencia de varios organismos, pues la ralentización respecto a la contratación en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, disminuye la eficacia en las líneas de atención y la apertura de vías de solución de conflicto, pues los planes de contingencia para la seguridad y preservación de la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos, se han visto afectados y rezagados a la poca operatividad que tengas las autoridades en la zona que permanece en confinamiento.

Esta situación ha creado varios vacíos que necesitan ser subsanados de manera oportuna, pues hay falencias en procesos educativos, de protección, saneamiento y operatividad por parte del Estado. En el informe, la OCHA, advierte sobre la necesidad de establecer mesas de diálogos que permitan entablar canales de comunicación con los grupos inmiscuidos en la beligerante situación, con el fin de disminuir la confrontación entre actores violentos y de igual forma, aminorar los riesgos de desplazamiento, homicidios selectivos, secuestro y desaparición forzada.

Desde las alcaldías de Cali, Buenaventura y Tuluá, se han establecido medidas de apoyo para la promoción de los derechos humanos. Se han dispuesto entregas de ayudas humanitarias y subsidios de renta a la población que ha llegado a estas ciudades provenientes del sector del Bajo Calima. Desde las organizaciones sociales, se han dispuesto medidas de cooperación con los entes gubernamentales para el acceso a territorio y búsqueda de soluciones para la población afectada.

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