Colombia podría terminar pagando $7.000 millones adicionales por deudas de Centros Poblados

La polémica por los 70.000 millones de pesos que “se perdieron” por el contrato adjudicado a la Unión Temporal (UT) Centros Poblados para conectar las áreas rurales del país puede agravarse. Al parecer, el país perdería 7.000 millones de pesos adicionales porque los contratistas le deben esta suma a los bancos y ya que ellos no responden, las entidades le pedirán al Estado que asuma la deuda.

La información fue difundida por W Radio, emisora que destapó el escándalo de Centros Poblados. La periodista Paola Herrera, que sigue de cerca esta investigación, explicó que la unión temporal le pidió el dinero al Banco de Bogotá y al BBVA y el Gobierno, a través del Fondo Nacional de Garantías, fue el garante del crédito. Teniendo esto en cuenta, las entidades activarán la garantía para recuperar sus recursos.

Se detalló que las compañías de Centros Poblados que tienen al Fondo Nacional de Garantías como garante en préstamos son las empresas ICM Ingenieros, que le debe 4.000 millones de pesos a BBVA; y Omega Buildings, que le debe 3.000 millones de pesos al Banco de Bogotá.

Hasta el momento BBVA y el Banco de Bogotá no han agotado el debido proceso para que sea Centros Poblados, de forma directa, los que paguen la deuda. Según informó W Radio, el Fondo Nacional de Garantías, ya está peleando para no pagar los 7.000 millones.

Cabe mencionar que si en últimas se resuelve que el país debe pagar por la deuda, el dinero saldría del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Este fondo incluye los recaudado con los impuestos de los colombianos.

Esta información se conoce una semana después de que se supiera que a la fecha la deuda de Centros Poblados con el país ya no es de 70.000 millones, sino de 74.000, porque se han sumado intereses y costos de indexación de esos recursos en las arcas del Estado.

El Gobierno nacional aseguró que está trabajando arduamente para recuperar el dinero. El pasado 14 de febrero el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) creó un grupo legal élite para llevar el caso. Los miembros de esta comisión trabajarán exclusivamente en el caso con el objetivo de que no se cometan errores, evitar retrasar el proceso y así recuperar el dinero rápidamente.

“El grupo élite legal se encarga de cuidar que cada paso que estamos dando sea tan riguroso que nos impida fallar, porque lo peor que nos puede pasar es cometer un error que haga que se nos caiga todo el proceso”, afirmó Carmen Valderrama, ministra TIC, en entrevista con El Tiempo.

La ministra Valderrama aseguró que a este punto ya se han surtido gran parte de esos requisitos que la ley de contratación impone en estos casos. En este sentido, resaltó que se ha logrado decretar el embargo definitivo de bienes y maquinaria por el valor de la cláusula penal del contrato, por 39.000 millones de pesos. Además, ya se han empezado a judicializar a los implicados.

Así mismo, MinTIC mencionó que ya se logró cancelar el contrato que existía con Centros Poblados. De hecho, hay que recordar que ya hay un nuevo acuerdo para realizar el trabajo y este ahora será ejecutado por la UT Colombia Conecta, integrada por las empresas ETB y SkyNet. Estas empresas ganaron la nueva adjudicación porque en el proceso de licitación inicial quedaron en segundo lugar.

La ministra indicó que entiende el interés de la ciudadanía por la desviación de los dineros y porque se le cumpla a las comunidades rurales, pero reiteró la importancia de seguir el debido proceso.

“Entiendo la presión por la demora, pero debemos respetar el debido proceso y el derecho a la de defensa. No podemos fallar y cada detalle lo trabajamos con rigurosidad”, aseguró la ministra TIC.

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