La Oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) reveló en su último informe que Colombia está entre los cuatro países del continente más peligrosos para ejercer el periodismo.
En el documento, titulado ‘Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina’, Reporteros Sin Fronteras indicó que, México, Honduras, Brasil y Colombia, han concentrado el 90 % de los casos de asesinatos de periodistas durante la última década.
Según detalló el informe, en la región han sido asesinados 134 periodistas en los últimos diez años, mientras que, en este 2022, ya se han reportado siete homicidios de comunicadores.
”Los periodistas de América Latina tienen que dejar de ser un blanco. Es urgente detener esta espiral de violencia, cuyas consecuencias son dramáticas para las democracias de la región”, manifestó el director de la Oficina de América Latina de RSF, Emmanuel Colombié.
En ese sentido, Reporteros Sin Fronteras explicó que, el estudio, que se realizó en 2021 con el apoyo de la Unesco, tiene como objetivo determinar si las medidas de protección con las que se busca amparar a los periodistas amenazados y/o que solicitan ayuda en estos cuatro países, son realmente efectivas.
Por ello, tras llevar a cabo 75 entrevistas a los organismos encargados de seguridad y protección de los comunicadores, y a los propios periodistas, RSF realizó 80 recomendaciones que tienen por objetivo “ayudar a resolver las deficiencias identificadas y mejorar la eficacia de los mecanismos de protección”.
“La vulnerabilidad de los periodistas no es una fatalidad que debe asumirse. RSF propone soluciones concretas para mejorar la eficacia de los mecanismos de protección en Brasil, Honduras, Colombia y México y se ofrece a auspiciar y acompañar los cambios necesarios, de forma duradera”, indicó el director de la Oficina de América Latina de RSF.
En el caso de Colombia, el informe de Reporteros Sin Fronteras señaló que las agresiones en contra de los comunicadores persisten en el país, debido a que las medidas de prevención de los autoridades y los organismos públicos muchas veces se limita únicamente “a un mero seguimiento de los ataques contra los periodistas para identificar las zonas de mayor riesgo”.
Además de lo anterior, especialistas en el tema aseguraron a RSF que otros factores también influyen en que continúen las agresiones contra los periodistas en el país, como que “la Procuraduría General es una gran ausente del programa de protección.”
”La falta de transparencia y participación social en el funcionamiento de la UNP, así como la falta de involucramiento de los organismos públicos orientados a abordar las causas estructurales de la violencia, limitan la política a la provisión de protección física, perpetuando otras formas de agresión”, se lee en el informe de Reporteros Sin Fronteras.
En ese sentido, Reporteros Sin Fronteras recomendó que, a nivel estructural, la Unidad Nacional de Protección (UNP) “no puede conformarse con medidas de protección física y debe adoptar una visión de protección más integral”, la cual este garantizada tanto por el Estado colombiano, como por otras organizaciones.
Así mismo, la organización sugirió que la UNP mejore “la seguridad y fiabilidad de la gestión de datos personales de sus beneficiarios” y, además, que garantice que el equipo que realiza el análisis de riesgo del periodista en peligro, tengan en cuenta la región de donde este proviene.
“La UNP debe aumentar igualmente la oferta de servicios psicológicos y garantizar a los beneficiarios ubicados en refugios que puedan estar acompañados de sus familias”, añadió RSF.
Como último punto, Reporteros Sin Fronteras indicó a la UNP que es urgente que reduzca el tiempo para poner en marcha sus planes de protección: “30 días hábiles para la realización de análisis de riesgos y su presentación al CERREM; 15 días hábiles para la aplicación integral de los planes de protección, y 12 meses máximo para las reevaluaciones de riesgo”.
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