La Fiscalía General de la Nación obtuvo abundante material de prueba para demostrar que el abogado William Alejandro Carmona Giraldo, entre 2013 y 2017, habría entregado dineros a distintos funcionarios judiciales para que tomaran decisiones en favor de Édison Guillermo Velásquez, alias Farid, excabecilla de una estructura paramilitar conocida como ‘Movimiento Autodefensas Libertadoras de los Llanos Orientales’.
Carmona Giraldo estaría involucrado en dos eventos distintos. Inicialmente, obtuvo la sustitución de una medida privativa de la libertad en centro carcelario por una restricción domiciliaria, con el argumento de que era padre cabeza de hogar. Esta determinación fue revocada en segunda instancia y alias Farid fue trasladado a un establecimiento carcelario de Bogotá.
Posteriormente, el abogado gestionó el traslado de su defendido a una cárcel de Soacha (Cundinamarca). Ante un juez de este municipio presentó una solicitud para que la detención preventiva la pudiera cumplir en Guaduas. Esta petición fue aceptada; sin embargo, en la remisión se incluyó la dirección de un hotel, así que alias Farid permaneció privado de la libertad fuera de un centro carcelario. Para evitar que los servidores del INPEC reportaran lo sucedido, presuntamente, se pagaron $900.000. Estas personas fueron vinculadas a un proceso penal.
Finalmente, hay elementos de prueba sobre la posible presentación de documentos falsos con los que se obtuvo una rebaja en la condena contra alias Farid. En ese sentido, Carmona Giraldo acudió, por intermedio de terceras personas, ante un juez de ejecución de penas y consiguió la libertad para su cliente. En esa decisión, el funcionario judicial omitió que el beneficiado tenía vigente una orden de captura por el delito de extorsión.
Por todas estas maniobras ilícitas, al parecer, fueron pagados $10′000.000. Ante estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al abogado los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer dádivas. Los cargos fueron aceptados por el procesado, quien deberá cumplir media de aseguramiento en centro carcelario.
Fiscalía apeló sentencia absolutoria de juez que revocó medida de aseguramiento a cabecilla de banda criminal en Meta
En 2019, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, por el fallo absolutorio del delito de prevaricato por acción agravado que fue emitido en favor del juez Raúl Hernán Ardila Baquero por el Tribunal Superior de Villavicencio.
Al proferir la decisión, el Tribunal adujo que no se había acreditado la tipicidad objetiva y subjetiva de la conducta del acusado, en el recurso presentado dentro del proceso judicial adelantado contra el cabecilla de la banda criminal Libertadores del Vichada, Carlos Barrera Alfonso, alias Ingeniero.
Los hechos de los que fue absuelto el funcionario supuestamente acaecieron el 23 de enero de 2013, cuando ejerciendo como Juez 3° Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías revocó la medida intramuros que le había sido impuesta a alias Ingeniero, investigado por el homicidio de 4 personas, tráfico y/ o porte armas y concierto para delinquir, en febrero 2012, en área rural de Puerto Gaitán (Meta).
Contra el Juez Ardila Baquero el Tribunal Superior de Villavicencio adelanta otro proceso, porque el 31 de diciembre de 2013 le otorgó la casa por cárcel a Edison Guillermo Velásquez Álvarez, alias Farid, otro supuesto cabecilla de la misma banda criminal; decisión que sustentó con el argumento de que el detenido era padre cabeza de familia, luego de ser condenado a una pena de 4 años de prisión por el delito de concierto para delinquir.
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