Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas denunció que no ha tenido apoyo y acceso al Gobierno nacional

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas fue creada como parte del sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición para identificar a más de 120.000 personas que habrían sido víctimas de desaparición forzada en el contexto y en razón del conflicto armado. Sin embargo, la tarea no tuvo el apoyo del actual gobierno, según afirmó su directora, Luz Marina Monzón, en entrevista con el diario El Tiempo.

“Nunca, a pesar de haberlo solicitado durante todo este tiempo, me he podido reunir con ningún ministro de estas carteras. Y tampoco he tenido la oportunidad de reunirme con el presidente Duque”, sostuvo la directora de la UBPD a ese medio.

Según Monzón Castellanos, en términos presupuestales les asignaron la plata necesaria para adelantar su labor, pero las peticiones particulares sobre necesidades no fueron atendidas. Lo que más preocupa es que no hubo articulación con el gobierno nacional.

La directora de la UBPD señaló que no tuvo diálogos ni con el presidente, ni con el Ministerio de Defensa, Interior o Justicia que son fuentes de información claves en las investigaciones que adelantan desde la Unidad para cumplir con su función.

“No ha habido un apoyo ni respaldo decido a esta labor, pero sí unos obstáculos gigantes en el acceso a la información. Y eso afecta, por ejemplo, en que el universo provisional de desaparecidos que tenemos siga siendo un número inicial”, sostuvo la directora a ese diario.

Ya la Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y Estatuto Jurídico de las Personas Desaparecidas (EJPD) presentado este mes de febrero, instó a coordinar las diferentes instituciones y acciones para que las familias de los desaparecidos tengan el apoyo suficiente en la búsqueda y no se vean obligados a hacerlo por sus propios medios, según dijo Carlos Camargo.

“Se propone establecer un mecanismo interinstitucional que permita articular esfuerzos para analizar los sistemas de información existentes y trabajar por la determinación del universo de personas desaparecidas. Para ello es pertinente vincular a las instituciones concernidas en la materia, incluyendo a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”, sostuvo la Defensoría en el informe.

Mozón sostiene que las relaciones de la UBPD con la Fiscalía se encuentran en construcción, pero cualquier acción interinstitucional es necesario que haya “voluntad” desde el Gobierno nacional para consolidar los esfuerzos y agilizar las labores, sostuvo a El Tiempo.

“Una débil coordinación interinstitucional conlleva a que las víctimas desarrollen por ellas mismas las labores de búsqueda de sus familiares cuyo acompañamiento debería ser obligación de la institucionalidad”, señaló el informe de la Defensoría en el que se realizaron grupos focales con funcionarios de instituciones relacionadas, así como familiares de las víctimas.

Monzón sostuvo que a la fecha, la Unidad de Búsqueda ha establecido un universo de 99.235 y el periodo de mayor victimización fue entre 1998 y 2005; más de las cifras que tenían el Registro Único de Víctimas (50.522) y las del Centro Nacional de Memoria Histórica que había reportado 82.998 casos desde 1958 hasta 2017.

Aunque la UBPD se centra en las víctimas del conflicto armado, Monzón ha alertado que el fenómeno de desaparición forzada continúa y con prácticas recicladas. Señaló que en el primer mes del año se reportaron 57 desapariciones y 3.546 solo durante el 2021.

En diálogo con el diario La Nación, durante una visita de la Unidad al departamento del Huila, sostuvo que “los casos actuales tienen lógicas muy asociadas a las dinámicas de los actores que están en el territorio y que se han diversificado, quienes también reproducen prácticas anteriores. Por ejemplo, durante el paro nacional hubo casos de desaparición reportados, que reprodujeron prácticas de los 80 y 90″.

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