Cumbre Mujeres y Paz pide cese el fuego y compromiso estatal con el Acuerdo de Paz

En el marco de la Tercera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz que contó la participación de 100 lideresas, defensoras de derechos humanos y víctimas del conflicto armado, se envió un mensaje al Gobierno nacional para hacer frente a la situación de violencia y desigualdad que se vive en Colombia.

En el manifiesto de la cumbre que se realizó el 4 de febrero en Bogotá, el primer pedido al Estado colombiano es que se enfrente la crisis actual del modelo de desarrollo económico, como primer generador de pobreza, hambre, exclusión y problemas socio-ecológicos, entre otros que afectan de manera directa a las mujeres, “requerimos la acción decidida del Estado, vía inversión social y diálogo político, para poner fin a la agudización de las violencias, las disputas de poder y de control de los recursos naturales por parte de los actores armados”, señala el documento.

Esta fue la tercera versión de la cumbre feminista que surgió de la alianza de ocho organizaciones de mujeres que trabajan en pro de los cumplimientos de los Acuerdos de Paz. Una de las desigualdades que remarcan desde la cumbre fue que, según la Contraloría General de la República, a la fecha se ha destinado un 4% del total de los recursos del Presupuesto General de la Nación para acciones de género.

Hasta el 30 de junio de 2021, según cifras de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), 826 mujeres han sido beneficiarias de asignación de tierras, en el marco de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz. Mientras que tan solo 301 mujeres han sido beneficiadas con Subsidio Integral de Tierras entre 2017 y 2020. A 30 de junio 2021, se habían otorgado 108 subsidios, de los cuales 31 (el 28,7%) correspondía a mujeres.

En el comunicado dirigido al Presidente Iván Duque, la Cumbre Nacional de Mujeres, reafirmó su compromiso en el trabajo por el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, “porque lo pactado es un imperativo ético, humanitario, ambiental, social, cultural, político, económico, constitucional y jurídico. Es la oportunidad histórica que no debemos dilapidar ni postergar”.

En lo referente al punto 5 de Víctimas del conflicto armado, preocupan las dificultades relacionadas con los sistemas de acceso a la información para las víctimas dentro y fuera del país; el despliegue territorial de las instituciones; la participación de las víctimas en los procesos que adelantan en las entidades del sistema y la implementación de acciones para la convivencia y la no repetición.

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Y es que este viernes 18 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó sobre el recrudecimiento de la violencia y la presencia de grupos armados ilegales en 12 zonas del país durante 2021, año en el que se registraron el mayor número de masacres y desplazamientos forzados desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.

Por esa razón y a raíz de la situación de violencia que se está viviendo, las organizaciones de mujeres exigen “el cese inmediato de las violencias contras las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz y garantizar la investigación y sanción de los responsables de los crímenes cometidos”.

Una de la soluciones que se plantearon durante la cumbre es el aumento del 50% de los recursos asignados del Presupuesto General de la Nación para garantizar el cumplimiento de lo acordado para el enfoque de derechos de las mujeres y de género para las próximas vigencias, según lo establece la Corte Constitucional.

Por último le enviaron un mensaje a todas la mujeres de Colombia, “gracias a la resistencia activa de las mujeres en sus territorios y a sus acciones de construcción de paz, se ha sostenido la implementación del Acuerdo Final de Paz a pesar de un contexto adverso y el incumplimiento a lo pactado por parte del Estado”.

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