La JEP alerta sobre la reactivación del conflicto armado en 12 zonas del país

Este viernes 18 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó sobre el recrudecimiento de la violencia y la presencia de grupos armados ilegales en 12 zonas del país durante 2021, año en el que se registraron el mayor número de masacres y desplazamientos forzados desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.

Así lo advirtió la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) del tribunal de paz, que mediante su Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos registró 93 matanzas, 146 desplazamientos forzados masivos y 89 casos de reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes, cifras que sobrepasan los estándares internacionales de medición del conflicto interno.

Según indicó la UIA, las zonas que han sido afectadas por la reactivación del conflicto armado son: los Montes de María, Sur de Chocó y bajo Calima, Medio y bajo Atrato, Norte del Cauca y sur de Valle del Cauca, Sabana y piedemonte araucano, Nordeste antioqueño y Bajo Cauca, y Urabá antioqueño y sur de Córdoba (alto y bajo Sinú), Sur de Bolívar, Occidente antioqueño, Catatumbo, Caguán, Yarí, Ariari y Bajo Putumayo.

De igual manera, la UIA señaló que actualmente tres grupos armados ilegales hacen fuerte presencia en gran parte del territorio nacional: encabezados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hace presencia en 294 municipios del país, las disidencias de las desmovilizada guerrilla de las FARC con 28 frentes a mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco y el Clan del Golfo, considerada la banda criminal y narcotraficante más grande del país.

“La UIA también reportó el aumento en hechos que podrían constituir graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por ejemplo, durante 2021 el Clan del Golfo presentó 157 posibles infracciones, frente a 149 de las disidencias de la guerrilla y 123 del ELN. La mayoría de las posibles infracciones al DIH se dieron por utilización de medios y métodos ilícitos de guerra, principalmente por el uso de armas prohibidas como artefactos explosivos que impiden dirigirse a un objetivo específico”, señaló la JEP.

De igual manera, registró afectaciones a individuos y colectivos que participan de la JEP: identificando que en el que el 60 % de los homicidios perpetrados contra excombatientes en proceso de reincorporación, quienes eran comparecientes ante el tribunal, se presentaron en las zonas de conflicto identificadas por la UIA, asimismo, se ha registrado que el 10 % de las organizaciones que se han presentado ante el tribunal de paz han denunciado al menos una grave violación a los derechos humanos en sus territorios.

“La UIA recordó que estos hechos afectan de manera grave la participación de víctimas, testigos y demás intervinientes en la Jurisdicción y en las demás entidades del Sistema Integral de Paz”, concluyó la unidad.

Estas cifras representan un llamado a las autoridades en el país para que adelanten las acciones necesarias con el propósito de hacerle frente al recrudecimiento de la violencia en el territorio, en especial en las regiones periféricas y fronterizas en las que se violan los derechos de las comunidades más vulnerables.

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