JEP abre tres nuevos macrocasos para investigar a las FARC, fuerza pública y terceros

El tribunal de paz suma tres nuevas líneas de investigación con las que investigará y juzgará los delitos cometidos por los diferentes actores armados, y priorizará los delitos cometidos contra la población étnica

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JEP anunció la apertura de tres nuevos macrocasos a través de los cuales se investigarán y juzgarán los crímenes cometidos por los integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, miembros de la fuerza pública y terceros civiles en el marco del conflicto armado. Imagen de referencia de disidencias des las FARC.
JEP anunció la apertura de tres nuevos macrocasos a través de los cuales se investigarán y juzgarán los crímenes cometidos por los integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, miembros de la fuerza pública y terceros civiles en el marco del conflicto armado. Imagen de referencia de disidencias des las FARC.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó este viernes la apertura de tres nuevos macrocasos a través de los cuales se investigarán y juzgarán los crímenes cometidos por los integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, miembros de la fuerza pública y terceros civiles en el marco del conflicto armado.

Así lo anunció la magistrada Belkis Izquierdo, quien explicó que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas del tribunal de paz abrirá estas tres nuevas líneas de investigación, que se suman a las siete que adelanta la entidad, una vez finalice el proceso de audiencia de diálogo con la participación de las organizaciones sociales, étnicas, de derechos humanos y de víctimas que culminará en Bogotá el 10 de marzo.

Los macrocasos comprenden las “violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por integrantes de las extintas FARC, miembros de la fuerza pública así como terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que se acojan voluntariamente a esta jurisdicción, quienes no solo afectaron a millones de víctimas en el país sino que ofendieron y agredieron la conciencia de la humanidad”, indicó la JEP.

El tribunal de paz señaló que en estos nuevos casos se implementará una metodología diferente a la aplicada en los siete que ya se encuentran abiertos, investigando no solo la conducta, sino al actor o al tipo de víctima, con lo que se busca cubrir los crímenes cometidos durante el conflicto armado, a la vez, que aclaró que se aplicará un tratamiento “simétrico, simultáneo, equilibrado, equitativo y diferenciado” entre los casos.

Los tres macrocasos

Los exmiembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC tendrán que responder por la violencia sexual y basada en género, así como por los homicidios, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, tomas a poblaciones, uso de armamento indiscriminado y otros crímenes no amnistiables.

El segundo macrocaso investigará los “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles que investiga violencia sexual y basada en género, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado y despojo de tierras”.

El último macrocaso abordará los crímenes cometidos contra los pueblos y territorios étnicos, como las masacres y asesinatos selectivos e indiscriminados contra las autoridades, lideresas e integrantes de estas poblaciones, así como la destrucción de la naturaleza, territorios y daño socioambiental y otros delitos vinculados a la violencia sexual y desaparición forzada cometida por los diferentes actores armados, entre comparecientes obligatorios y voluntarios de este tribunal.

El Diario Criterio conoció que esta decisión de la apertura de los tres nuevos macrocasos dejó una sensación de inconformidad en tres magistrados, quienes defendieron la necesidad de abrir una línea de investigación que abordara el desplazamiento forzado en la región del Gran Magdalena, en el que se investigaran los vínculos de miembros de la fuerza pública y agentes del Estado con grupos paramilitares para cometer este crimen en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y la subregión de los Montes de María, una de las más golpeadas por el conflicto armado.

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