Gobierno nacional presenta la política pública de justicia juvenil restaurativa

El viceministro de Justicia, Camilo Rojas Castro, y la directora del ICBF, Lina Arbeláez, dieron a conocer la iniciativa que busca soluciones a la problemática de reinserción de jóvenes

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Según la directora del ICBF, Lina Arbeláez "esta justicia juvenil restaurativa aborda los conflictos desde un enfoque social, afectivo, pedagógico y de derechos, y está orientado por los principios de la protección integral y corresponsabilidad de adolescentes y jóvenes”.
Según la directora del ICBF, Lina Arbeláez "esta justicia juvenil restaurativa aborda los conflictos desde un enfoque social, afectivo, pedagógico y de derechos, y está orientado por los principios de la protección integral y corresponsabilidad de adolescentes y jóvenes”.

Desde Barranquilla y en el marco de la celebración de los 50 años de la Conferencia de ministros de Justicia de los países de Iberoamérica, el viceministro de Justicia, Camilo Rojas Castro y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, presentaron la política pública de justicia juvenil restaurativa.

La iniciativa se encuentra integrada dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), sistema de justicia, especializado y diferenciado para los menores de 18 años, que tiene por principios la protección integral e interés superior del menor, en virtud de las cuales se establece que las sanciones y medidas tienen una finalidad protectora, pedagógica y de justicia restaurativa.

En palabras del viceministro, esa política “busca proteger a los jóvenes del delito y garantizar que existan procesos de justicia restaurativa que les permitan a quienes en algún momento han cometido un delito, resarcir a las comunidades y personas afectadas y formular un proyecto de vida en legalidad junto con sus familias”.

Como plan piloto antes de su aprobación, este programa se desarrolló en Cali y Bogotá desde 2016 y se amplió la cobertura en 2018 a la ciudad de Medellín, y desde este año será una política a nivel nacional que contó con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Una de las problemáticas que busca solucionar esta política es la ausencia de procesos restaurativos para los adolescentes, las víctimas y la comunidad, lo que se traduce en la exclusión social y vulneración de derechos al adolescente, y el derecho de la víctima a la justicia y la reparación.

Según la directora del ICBF, “esta justicia juvenil restaurativa aborda los conflictos desde un enfoque social, afectivo, pedagógico y de derechos, y está orientado por los principios de la protección integral y corresponsabilidad de adolescentes y jóvenes”.

Por su parte, la Corte Constitucional señaló que la justicia restaurativa se presenta como un modelo alternativo para enfrentar la criminalidad y sustituye la idea tradicional de retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario.

Entre la pedagogías que se plantea dentro de esta política pública, para reconstruir las relaciones entre la víctima y agresor, se presenta un proceso que le permita a este último comprender el daño ocasionado con el fin de promover su reincorporación a la sociedad.

Durante el acto de presentación, Arbeláez también afirmó que, “esta política se convierte para muchos de los jóvenes en una primera oportunidad, en una herramienta que consolida las oportunidades desde la responsabilidad, la reconciliación y la reparación, con el tejido social como prioridad”.

El viceministro Rojas finalizó el encuentro afirmando que, “Llegamos a la conclusión de que se debía crear una política pública para los jóvenes que otorgara oportunidades. Es una política de Estado en el cual todos tenemos una función importante”, dijo.

Cabe resaltar que el ingreso de nuevos casos al SRPA presenta un descenso constante desde 2013. En 2021 se registraron 13.313 adolescentes y jóvenes en el sistema, la mayoría por delitos contra el patrimonio económico y relacionados con el tráfico o porte de estupefacientes.

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