Establecen fecha para la audiencia por el atentado con carro bomba en la base militar de Cúcuta

Este viernes 18 de febrero se conoció que la Procuraduría General de la Nación fijo la fecha para iniciar la audiencia pública contra siete militares por el atentado con carro bomba que se registró en julio del año pasado en la Brigada 30 del Ejército Nacional.

El Ministerio Público informó que el próximo 2 de marzo, a las 2:30 p. m., iniciará la audiencia pública contra el excomandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional y otros seis militares, investigados por presunta omisión en la aplicación de los protocolos de seguridad en el cantón San Jorge de Cúcuta, el 15 de junio de 2021, cuando fue activado un carro bomba al interior de esa instalación militar.

Cabe recordar que en estos hechos, al menos 34 militares activos y dos civiles resultaron heridos, luego de que se activaran los explosivos que estaban al interior de una camioneta Toyota blanca que ingresó desapercibida a la base militar.

A la audiencia, que se adelantará mediante el procedimiento verbal y de manera virtual, fueron citados el comandante de la Brigada 30 para la época de los hechos, coronel Ilvar Orlando González Villamil; el jefe de Estado Mayor Conjunto y segundo comandante de la Brigada 30, coronel Pedro María Vega Losada; el comandante del Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta, teniente coronel Carlos Andrés Sarmiento Gutiérrez, y el oficial de operaciones de esa misma unidad, mayor César Alexánder Carrero Salcedo.

También fueron citados el comandante de guardia en la fecha del atentado, sargento viceprimero Luis Eduardo Espejo López; el suboficial de administración en la guardia, sargento segundo Mario Andrés López Roque, y el cabo segundo Óscar Leonel Pava Caviedes, quien prestaba guardia en la entrada principal del cantón el día de los hechos.

Esto dice la Procuraduría sobre la responsabilidad de los militares

En octubre del año pasado la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a los siete militares pues, presuntamente, los uniformados no habrían tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la Brigada 30 y el personal que laboraba allí.

Entre los cuestionamientos que hizo el Ministerio Público está el de no disponer de un soldado con apoyo canino para la detección de explosivos, lo que según la entidad, hubiera sido una acción determinante a la hora de hallar el artefacto y evitar el atentado.

En el caso específico del entonces comandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional, la Procuraduría señaló que el militar debió garantizar la presencia de caninos antiexplosivos en la instalación militar, con el fin de preservar la seguridad en la zona.

“Debió gestionar, adelantar, facilitar, en fin, suministrar lo requerido por el BASPC (Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta) para suplir la necesidad planteada y ampliamente documentada sobre los binomios caninos para el control de ingresos de vehículos y correspondiente inspección a fin de detectar en ellos presencia de explosivos y de esa forma, garantizar el servicio de guardia y seguridad del gran establecimiento militar, en el cual no solo se ubica el batallón BASPC, sino todas las unidades incluso, agregadas al referido cantón”, indicó la Procuraduría en su momento.

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