Esta semana el Consejo Episcopal de Colombia alertó de la delicada situación humanitaria que vive el departamento de Chocó y que está afectando al 70 % de su población, declaraciones que pusieron en alerta tanto a las organizaciones sociales, como al Gobierno nacional.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, adelantó un Consejo de Seguridad en Quibdó para analizar la situación de orden público que se ha visto afectada por grupos al margen de la ley, que están afectando a la población civil y fue denunciada por la Iglesia católica.
El ministro Palacios, desde la capital chocoana, salió a contradecir lo asegurado por la iglesia. “Decir que el 70 % de la población del Chocó está en riesgo es falso. No corresponde ni a la realidad, ni a lo que la Defensoría del Pueblo a nivel nacional ha dicho”.
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Cifras reveladas por la Unidad de Víctimas afirman que en lo corrido de 2022 se han presentado cuatro casos de desplazamiento que pueden involucrar a más de 2.000 personas afectadas.
La Iglesia católica, además, le había enviado un informe al Gobierno nacional y a las autoridades competentes, sobre las características de violencia que se viven en el departamento. Puntualmente sobre los casos de confinamiento reveló que las comunidades indígenas son las más afectadas.
Al menos 44.300 personas pertenecientes a grupos étnicos tuvieron que encerrarse en sus territorios, lo que representa el 67,5 % de los afectados en esta modalidad. A ellos le siguen las comunidades afrodescendientes con 11.600 confinados (18 %).
Esta situación también fue contradicha por el funcionario de Gobierno nacional, quien afirmó que, “los grupos armados organizados pretenden siempre generar una zozobra en las comunidades para llevarlas a sentirse en confinamiento, llevarlas a desplazarse, generando así una presión en la fuerza pública para que cambien las operaciones que se están adelantando. Eso ha sido sistemático y sintomático. Siempre que vamos avanzando en algún operativo importante hacen estas acciones”.
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Por su parte, el presidente Iván Duque se pronunció desde el departamento de Santander y aseguró que se han hecho inversiones por más de 4 billones de pesos en el Chocó (...) Venimos luchando contra el narcotráfico, vamos a darle a una de las regiones más golpeadas por la violencia, una mejor infraestructura en términos deportivos, de educación y salud”.
Pero unas palabras premonitorias pronunció monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, el miércoles pasado en una rueda de prensa: “El Gobierno ha dicho que se está dando una buena intervención en el Chocó y que están cumpliendo con sus deberes constitucionales, lo cual nosotros lo rechazamos, creemos que no es así y hay compromisos que se deben fortalecer”.
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Una de las peticiones de la Iglesia católica al presidente Duque era la de realizar una reunión de carácter urgente, para que se atienda de manera inmediata la situación de violencia que se está viviendo en el departamento.
De acuerdo con monseñor Juan Carlos Barreto, el objetivo del encuentro es exponer los hallazgos de las misiones humanitarias y hablar de la grave situación de violencia que se vive en el territorio.
Así las cosas, el Gobierno nacional confirmó que la esperada reunión entre las partes se llevará a cabo mañana sábado a las 10 de la mañana en Bogotá y estará liderada por el alto consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Jefferson Mena.
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