Una vez más congresistas de oposición radicaron un proyecto de ley para que Colombia ratifique el Acuerdo de Escazú, que establece garantías sobre el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales en Latinoamérica. El documento fue presentado ante la comisión segunda del Senado, a la que se le indicó que es imperativo tramitar la normativa en un tiempo breve, pues el país no puede seguir dilatándola.
“Los congresistas de oposición hicieron un fuerte llamado para que este proyecto se tramite de manera urgente y sin dilaciones, y sea por fin una hoja de ruta que proteja la vida de los defensores ambientales. Al radicar la ponencia con un mes de anticipación, se pretende que esta pueda ser estudiada con tiempo por los demás integrantes de la comisión”, aseguran los defensores del Acuerdo de Escazú.
Quienes lideran la ponencia en el Congreso son los senadores Iván Cepeda (Polo Democrático), Feliciano Valencia (Mais)y Antonio Sanguino (Partido Verde). Ellos ya han radicado solicitudes para que se ratifique el acuerdo, sin embargo, hasta ahora no se ha logrado porque este documento genera polémica en el país.
Senadores del partido de Gobierno se han manifestado en contra del acuerdo. A mediados del año pasado, la senadora María Fernanda Cabal inició una campaña en redes sociales para rechazar que Colombia se suscriba al pacto argumentando que es peligroso, porque significa “la sesión de la soberanía a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia”.
Estos señalamientos, de acuerdo con la Alianza por el Acuerdo de Escazú, son falsos. Justo en octubre de 2020 el grupo presentó una serie de mitos que se habían formado sobre este acuerdo, principalmente sobre el tema que expuso Cabal.
Se expuso que el Acuerdo de Escazú busca establecer garantías sobre el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales como la protección de líderes ambientales. Se resalta la importancia de este último punto, ya que según la organización internacional Global Witness, Colombia ocupa el primer puesto de países con más asesinatos de defensores medioambientales.
Además, resaltan que Colombia atraviesa un escenario de aumento de los conflictos socioambientales que está afectando gravemente los territorios y a los defensores ambientales. Según el Atlas de Justicia Ambiental, Colombia reporta 134 conflictos ambientales, ya sean por deforestación, modelos extractivistas, delimitación de páramos, entre otros.
Así las cosas, los congresistas señalan que debe existir un compromiso decidido para afrontar los retos ambientales y establecer estrategias que permitan proteger el ambiente, el territorio y a los defensores ambientales. El senador Cepeda también señala que el presidente Iván Duque se ha comprometido con la comunidad internacional a velar por el medioambiente y ha incumplido sistemáticamente.
“Hemos sido especialmente insistentes en que el país requiere la aprobación del Acuerdo de Escazú. El gobierno del presidente Duque ha hecho múltiples promesas a la comunidad internacional, incluso compromisos sobre la ratificación de este trascendental Acuerdo, y cada una de esas promesas han sido sistemáticamente incumplidas. El Gobierno se limita de una manera formalista a llevar el Acuerdo al Congreso y allí la bancada de gobierno obstruye su ratificación”, sostiene Cepeda.
Los tres ponentes del proyecto sostienen que Colombia “no aguanta más dilaciones por parte de los sectores enemigos del Acuerdo de Escazú”. Así mismo, señalan que el compromiso de las comunidades indígenas con el Acuerdo de Escazú es absoluto y lo único que esperan es que el Congreso y el presidente los ayuden a impulsar la normativa.
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