Robos, golpizas y gases: los maltratos que dice sufrir representante de Centros Poblados en la cárcel

Luis Fernando Duque fue representante del consorcio Centros Poblados, la empresa que ganó el fracasado contrato de centros digitales del Ministerio de las TIC, y actualmente se encuentra preso. Este 17 de febrero, en medio de una audiencia disciplinaria, pidió un traslado urgente a la cárcel La Picota por palizas y malos tratos que ha recibido durante su reclusión en La Modelo de Bogotá.

Centros Poblados fue la Unión Temporal que ganó la licitación para llevar internet a los colegios rurales del país con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con una garantía bancaria falsa, y ahora sus miembros son investigados luego de que incumplieran el contrato y presuntamente se apropiaran, con otros cuestionados empresarios, de 70.000 millones de pesos girados como anticipo.

Este miércoles se intentó adelantar una nueva audiencia del proceso disciplinario que sigue la Procuraduría General de la Nación, en el que se investiga la participación de funcionarios públicos en los hechos, pero se presentaron varios inconvenientes que llevaron a suspender la sesión hasta las 2:00 de la tarde.

Al inicio de la audiencia, desde la sala informática de la cárcel La Modelo de Bogotá, se conectó Luis Fernando Duque, quien le pidió al procurador sexto delegado ante el Consejo de Estado, Antonio José Núñez, quien lleva el proceso, una conversación privada para denunciar lo que calificó como una “situación complicada”.

Duque quería informar al procurador de una situación de inseguridad en la cárcel. Contó que el pasado 4 de febrero lo trasladaron a La Modelo y estuvo en una celda primaria, con personas recluidas por delincuencia común, que le robaron sus pertenencias.

El representante legal de Centros Poblados agregó que después entró en aislamiento y estuvo recluido con personas de “perfil complejo”. “Fue muy difícil la convivencia allí y al día siguiente, en el conteo, una persona se había quedado dormida. Fuimos encerrados en una celda las 38 personas, sin camisa, fuimos gaseados y al salir de allí fuimos golpeados uno a uno en la cabeza, las piernas, la espalda por los guardias”, sostuvo el recluso.

Según dijo, a él y a los demás presos les rociaron gas en la cara y celda por celda, así como les propinaron varios golpes en todo el cuerpo. Aunque no les dieron razón, al parecer fue porque había una persona ausente del conteo, lo que causó la reacción de los dragoneantes.

Luis Fernando Duque asegura que teme por su seguridad. Su abogado ya puso en conocimiento a la Fiscalía de los hechos, pero el otrora empresario espera ejercer presión para ser trasladado a la cárcel La Picota y ser recluido en una celda especial de máxima seguridad.

La audiencia tuvo varios obstáculos y finalmente fue suspendida. Se esperaba que se conectara el testigo y condenado corrupto Emilio Tapia Aldana desde la cárcel La Picota y durante varios minutos estuvieron pendientes de su conexión.

A través del jefe de seguridad de la Procuraduría, el coronel Vargas, se contactaron con la cárcel e informaron que Tapia no quería comparecer a la diligencia ni rendir testimonio y así se lo habría manifestado a los guardias. Sin embargo, un dragoneante se conectó para pedir unos minutos mientras terminaban el conteo de los 16.000 internos del penal.

El procurador esperó otros 10 minutos y allí volvió a aparecer el guardia, ahora con una carta de Emilio Tapia, en la que se excusaba para no conectarse. “Acude de la manera más acomedida a su oficina solicitando que no puedo asistir a la audiencia programada para el día de hoy por problemas de salud debido a la vacuna y esta me tiene con malestar”, decía el documento reseñado por la guardia, escrito a mano y con una huella.

El procurador delegado intentó consultar con el dragoneante del Inpec si Tapia tenía intención de comparecer, pero la única respuesta fue la carta que había enviado el recluso, quien comparece en calidad de testigo por solicitud de práctica de prueba del abogado Jorge Pino Ricci. Ellos, como los responsables del proceso penal que se sigue por la desaparición de 70.000 millones del contrato, podrían confirmar si hubo participación en el entramado de funcionarios del MinTIC en la licitación.

La audiencia, finalmente terminó con una molestia de Pino Ricci, quien remitió una excusa para solicitar aplazamiento, porque tenía una audiencia de alegatos de conclusión en otro proceso. El texto decía que la cita era el 11 de febrero en horas de la tarde, a lo que el abogado sostuvo que no suele decir mentiras. Afirmó que le parecía una falta de respeto la solicitud del procurador delegado. “Tome la decisión que usted quiera”, puntualizó y se desconectó de la sesión.

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