Procuraduría anuncia investigación disciplinaria contra el exalcalde de Leticia, Amazonas

La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió investigación disciplinaria contra el exalcalde de Leticia, Amazonas (2016–2019), José Húber Araújo Nieto.

El Ministerio Público añadió que el exmandatario local fue señalado por el presunto incumplimiento en la implementación, ejecución y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio.

La entidad además agregó que en las presuntas irregularidades también estarían involucrados los secretarios de Competitividad, Medio Ambiente y Turismo, Pascual Alfonso Radabán Galindo, y el de Infraestructura, encargado de la dirección de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia, Jhon Jairo Acuña Marín.

Cabe recordar que en 2016 la Contraloría Departamental del Amazonas radicó su informe de auditoría en el que trasladó el hallazgo con presunta incidencia disciplinaria al considerar que, “la Alcaldía de Leticia no ha ejecutado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, el cual se incorporó a la indagación preliminar.

La Procuraduría General de la Nación señaló que con esta investigación busca establecer si los hechos son constitutivos de falta disciplinaria, la responsabilidad de los implicados y el posible perjuicio causado a la administración pública.

Decretan medidas cautelares por vertimientos de aguas residuales desde la cárcel de San Andrés

El pasado martes 15 de febrero se conoció que el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dictó medidas cautelares por la defensa de los derechos de los habitantes del sector Schooner Bigth, debido al vertimiento de aguas residuales desde la cárcel de la isla.

La decisión de Tribunal de San Andrés se conoció luego de que la Procuraduría General de la Nación presentara una acción popular contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de San Andrés (EPMSC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), por la afectación que se estaba generando a la comunidad aledaña al centro penitenciario.

Con el objetivo de impedir perjuicios irremediables e irreparables, el despacho judicial ordenó suspender los hechos que amenazan los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, entre otros.

En este sentido, ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) de San Andrés, y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), ejecutar las obras que resulten necesarias para suspender el vertimiento de aguas residuales hacia el sector Schooner Bigth.

De acuerdo con lo ordenado por el Tribunal de San Andrés, estas entidades tendrán un plazo de 90 días para adelantar los trabajos que deben incluir la construcción y reparación de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual, según advirtió la Procuraduría General de la Nación, no funciona desde 2004.

Adicionalmente, el despacho judicial requirió ejecutar, dentro de 15 días, un plan de contingencia que reduzca el impacto ambiental en la zona de influencia, mediante el uso alternativo de un pozo séptico que sea evacuada por carrotanques. Esto, hasta que puedan disponer de una nueva planta de tratamiento que cumpla con los requerimientos establecidos por la ley.

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