JEP le pidió a la Procuraduría investigar 35 casos de protección fallida a excombatientes de las Farc

Alrededor de 35 casos de asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia estarían relacionados a la falta de un esquema de protección otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), por lo que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) pidió a la Procuraduría General de la Nación que se investigue la situación. Desde este 16 de febrero el órgano de control deberá indagar sobre posibles fallas cometidas que pueden estar afectando el mandato constitucional de ofrecer garantías de seguridad a esta población.

Por el momento, la JEP ha identificado cinco variables que estarían dando pie a que se violenten los excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Estas fallas están relacionadas a la diligencia con la que la UNP atiende las solicitudes de protección y la implementación de los esquemas. Así mismo, habría rezagos en la articulación entre los equipos de trabajo que tramitan las peticiones y una falta de consenso a la hora de clasificar los niveles de riesgo de las mismas.

Mientras la Procuraduría investiga la situación, de forma simultánea la JEP indagará a todas las partes involucradas. Se recuerda que en días pasados el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, fue llamado por el tribunal especial para que rinda declaración ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento sobre los avances en las medidas de protección sobre excombatientes y el plan de desmantelamiento de grupos armados ilegales.

Además, el alto funcionario responderá por el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías , que está a cargo del diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales. Organizaciones sociales han denunciado que la entidad ha sido “debilitada” en sus lineamientos por el gobierno, por lo que Restrepo debe indicar qué está pasando.

El funcionario tendrá que allegar y responder un cuestionario de seis preguntas sobre los alcances de la Comisión Nacional de Garantías en el marco de la defensa de derechos a estos dos grupos involucrados en la implementación del Acuerdo de Paz.

Por otra parte, este mismo miércoles los magistrados de la JEP también le solicitaron a la UNP que implemente una metodología de análisis de casos, basada en los patrones de victimización. Esto significa que se le solicitó a la entidad “abandonar la perspectiva caso a caso” y la exhortó a enfocarse en regiones o tendencias nacionales y asignar las órdenes de trabajo a los analistas que ya conozcan los patrones. Para el tribunal especial esta forma de trabajo puede evitar demoras en el trámite de información que se requiera evaluar.

Así mismo, al director de la UNP, Alfonso Campo; y al consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, se le recomendó implementar un procedimiento rápido que permita atender las amenazas a comparecientes, cuyo motivo de fondo sea una oferta de reclutamiento ilegal. También se insistió en que es necesario crear un mecanismo que agilice la atención de estos casos que directamente impactan la misionalidad del Sistema Integral para la Paz.

“En muchos casos estos comparecientes son asesinados por no aceptar el ofrecimiento de los grupos ilegales y en otros casos se tienen que desplazar o terminan reincidiendo”, aseguró la JEP.

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