Defensoría del Pueblo emite alerta temprana por riesgos en proceso electoral

A menos de un mes para que inicie el proceso electoral en Colombia, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 004-22, en la que advierte los riesgos contra los mecanismos de participación democrática, en medio del conflicto armado que se vive en el país.

La alerta nace a partir de dos grandes enfoques que generan el riesgo durante todo el proceso. El primero, está relacionado a la contingencia derivada de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad, que son expresiones de la violencia en los territorios.

El otro foco de riesgo que destaca la Defensoría es el derecho y las capacidades a la participación política en los territorios donde se manifiestan estos hechos victimizantes.

En el presente año se desarrollarán al menos tres procesos electorales:

• 13 de marzo: Elección de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

• 13 de marzo: Elecciones a Congreso de la República.

• 29 de mayo: Elecciones presidenciales.

En total fueron 521 municipios los monitoreados bajo esas dos premisas, mediante el Sistema de Alerta Tempranas, de los cuales la entidad ha identificado 79 municipios en riesgo extremo, 195 en riesgo ato, 186 en riesgo medio y 61 en riesgo bajo.

Del total de municipios advertidos, el 32 % de estos corresponde a zonas de Elecciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

La entidad señala que hay dos características puntuales por las que este proceso electoral es de alto riesgo, una de ella es por la reñida disputa en las regiones por parte de los partidos políticos, en búsqueda de consolidar sus bases en los territorios. Según la alerta, “esto trae consigo un álgido ejercicio de proselitismo que involucrará a diversas esferas de la sociedad incluyendo potencialmente a las autoridades locales”.

La otra particularidad de amenaza es el tema de los recursos económicos de las diferentes campañas. “Este punto de la financiación puede tener un acento especial en zonas donde se concentran economías ilegales relacionadas a los cultivos ilícitos y así como economías legales que mueven capitales importantes de oro, madera, petróleo y ganadería, entre otras”, señala la alerta 004-22.

Las violaciones masivas a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, que se materializan en los territorios, son un indicador de la posibilidad de riesgo de que los ciudadanos se vean restringidos en su posibilidad de elegir y ser elegidos.

Así las cosas, en este contexto que señala la Defensoría se detectan puntos claves respecto a la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades de los municipios que se encuentran en riesgo:

• El desconocimiento de las poblaciones y la insuficiente pedagogía sobre el sistema político electoral.

• La persistencia de la violencia política hacia líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y colectivos, así como personas en proceso de reincorporación de las antiguas FARC – EP.

• El reacomodo de grupos armados ilegales y economías criminales en estos territorios.

• Las barreras de acceso a puestos de votación y el déficit de cedulación en áreas rurales dispersas, incluidas las áreas no municipalizadas.

• La urgencia de ajustes institucionales al sistema político electoral, que garantice la ampliación no sólo de la participación, sino de la representación política.

• Las dificultades pedagógicas y logísticas para la realización de las campañas de candidatos a las CTEP/CITREP y la potencial politización o cooptación de estos cargos por parte de partidos políticos tradicionales.

• La altísima polarización política generada por los cambios nacionales y territoriales con ocasión del Acuerdo de Paz.

• Las dificultades en la potencial participación de víctimas, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y campesinos en los 116 municipios de las CTEP/CITREP.

• Dificultades derivadas del paro nacional 2021.

SEGUIR LEYENDO: